Las jornadas de Acción Sindical ‘Retos de futuro de la negociación colectiva’ ha continuado con la mesa que ha tenido como moderadora a Marili Granado, secretaria de Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Euskadi, y como ponentes a José María Cobano, secretario de Salud Laboral y Medioambiente de UGT Servicios Públicos, y a Luz Martínez Ten, responsable de Mujer y Políticas Sociales.
Cobano ha analizado la relación entre la salud laboral y el medioambiente y ha hecho un repaso por la legislación que regula los riesgos laborales asociados a las temperaturas o catástrofes naturales y los cambios introducidos en las normas. También se ha referido a las cláusulas a incluir en los convenios colectivos relacionados con la prevención de riesgos laborales y el medioambiente, y ha concluido afirmando que cualquier aspecto de la prevención de riesgos laborales puede y debe ser concretado y matizado por la negociación colectiva, ya que esta puede mejorar el carácter mínimo de la norma. “El problema es que se legisla cuando suceden las cosas. La salud laboral”, ha finalizado, “ni se compra ni se vende: se negocia en las mesas”.
A su vez, Luz Martínez Ten, secretaria de Mujer y Políticas Sociales de UGT Servicios Públicos, para quien las ideas de Pablo Iglesias siguen absolutamente vigentes cien años después, se refirió a que antes de negociar los planes de igualdad en las empresas, vamos a exigirles la celebración de elecciones sindicales. “Los planes de igualdad son un plan de acción de sindical, pero ahora van a ser un tanque de combate en todas las empresas y en las Administraciones públicas”, aseguró.
Martínez Ten aludió también al racismo como uno de los discursos más destacados de la amenaza ultraderechista y llamó a situarnos al lado de todas las personas que sufren y que están siendo víctimas de esa ideología. “Las personas migrantes necesitan también que estemos a su lado. Los protocolos que estamos poniendo en marcha tienen que ser un referente para las situaciones que vamos a vivir. Todas, todos, somos trabajadores, no importa de dónde vengas ni cuál sea tu orientación sexual. Tenemos que estar ahí donde se vulneran los derechos, donde existe discriminación”, ha afirmado.
En su intervención también ha analizado cómo la vivienda es en España una fuente de desigualdades, exclusión social y pobreza. En este sentido, ha asegurado que la crisis de la vivienda no es neutral, sino que afecta de manera diferenciada según el género; que las mujeres enfrentan barreras económicas, sociales y de seguridad que limitan su acceso a viviendas adecuadas y perpetúan desigualdades estructurales, y que afecta más a mujeres pobres o en situación de vulnerabilidad: familias monomarentales, jóvenes, mayores, con discapacidad, en situación de emergencia o víctimas de violencia de género, lo que puede generar situaciones de dependencia y riesgo.
En relación con la movilidad geográfica de las empleadas y empleados públicos, ha señalado que en ocasiones el destino se encuentra en zonas tensionadas donde el coste de la vivienda es más alto, por lo que no pueden asumir el coste de los alquileres. Eso obliga a tener que vivir en malas condiciones, desplazarse a zonas más baratas pero lejanas y en los casos más extremos a tener que renunciar al puesto de trabajo.
Frente a eso, deberían establecerse medidas específicas dirigidas a las y los trabajadores públicos, como vincular el precio de la vivienda a los salarios en la negociación colectiva; la creación de más vivienda pública accesible o la regulación del alquiler en zonas tensionadas, además de frenar la especulación inmobiliaria y reclamar la intervención del Estado y de las Administraciones pública para que la vivienda sea considerada un derecho humano y no un negocio, además de reclamar incentivos para empleados públicos destinados a zonas como Madrid, Cataluña o Baleares, entre otros.
La última ponencia, titulada ‘Políticas Sectoriales para la Administración Pública y Privada’, ha reunido a las y los responsables de distintas secretarías del sindicato: Begoña Ballell Trinidad, secretaria de Salud; Victoria Corbacho Arana, secretaria de Local y Autonómica; Beatriz García González, secretaria de Enseñanza; Moisés Torres, secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social; Carlos Álvarez, secretario de Administración del Estado, y José Manuel Sayagués Román, secretario del Sector Postal de UGT Servicios Públicos. Ha moderado las intervenciones Pilar González Ferrer, secretaria de Política Sindical de UGT Servicios Públicos Cataluña.
Respecto al personal estatutario, la secretaria de Salud, Begoña Ballell, ha enumerado los asuntos que dirigen la acción sindical, y entre ellos citó la reforma del Estatuto Marco, la reducción de la temporalidad, garantizar la estabilidad en el empleo y homogeneizar las condiciones laborales en todas las CCAA, así como atender a la salud mental como eje transversal en cuanto a prevención y atención a los profesionales.
Victoria Corbacho, secretaria de Local y Autonómica, ha señalado como uno de los objetivos de su sector el de potenciar el papel de la Administración Local y Autonómica como pilar social, apostando por la autonomía local, la financiación justa y la revalorización del empleo público, y ha apostado por más y mejores servicios públicos, condiciones laborales dignas, reformas legislativas justas y un sindicalismo moderno, digital y sostenible.
Beatriz García, secretaria de Enseñanza, ha apostado por garantizar la presencia del sector en todas las mesas sectoriales alcanzando al menos el 10% de la representatividad en las elecciones sindicales de diciembre de 2026, y entre otras cosas, y con respecto al estatuto docente de la enseñanza pública, ha reclamado la integración de todos los cuerpos docentes al grupo A1, la reducción de la carga lectiva a 18 horas en Infantil y Privada y a 15 en Secundaria o la promoción profesional, así como, con respecto a la universidad, poner coto a la creación sin control de centros privados en algunas comunidades.
Moisés Torres, secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social, ha expuesto los distintos planes de acción previstos para los diferentes colectivos del sector, como las trabajadoras de la dependencia, aquejadas de una profunda precariedad invisible; el área de intervención social, un sector esencial para los colectivos vulnerables; jardinería, limpieza viaria y recogida de residuos, o la contratación pública. Áreas que tienen en común las condiciones que establecen las Administraciones en los pliegos de contratación, y que ponen en evidencia que la contratación pública impacta directamente en las condiciones laborales.
Carlos Álvarez, secretario de Administración del Estado, ha desgranado también los movimientos habidos en su sector, y entre ellos ha citado la renovación del convenio de centros penitenciarios; la ley de función pública del Estado, que tras haber decaído, fue aprobado un real decreto que contempla tres partes fundamentales, mientras que la cuarta sigue su trámite en el Congreso, la reclamación de la eliminación de la tasa de reposición o, entre otros, el objetivo de alcanzar el V convenio para el personal laboral.
José Manuel Sayagués Román, secretario del Sector Postal de UGT Servicios Públicos, analizó también los retos de su sector y subrayó la defensa del carácter público de un servicio como Correos que entre 2019 y 2023 acumuló unas pérdidas operativas de alrededor de 1.200 millones de euros. También se refirió a la movilización celebrada en Madrid que reunió a 20.000 personas y que tuvo como consecuencia el cese del anterior presidente y su sustitución por Pedro Saura, así como al acuerdo de julio de 2024 para modernizar, impulsar y diversificar la empresa pública incluyendo el modelo SIEG de UGT.
