- El sindicato pide un foro para analizar lo ocurrido en las residencias de mayores públicas y privadas de CLM desde el inicio de la COVID-19 con el fin de corregir los errores y la descoordinación entre Bienestar Social y Sanidad.
- UGT propone que los centros residenciales estén conectados al Sistema Nacional de Salud para atender las necesidades sanitarias de los usuarios
Toledo, 22 de julio de 2020
La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM ha informado esta mañana en rueda de prensa sobre las deficiencias de gestión constatadas por UGT en la atención sociosanitaria regional por parte del Gobierno de CLM desde que se inició la pandemia por la COVID-19, y ha instado a analizar lo ocurrido para evitar futuros errores. El secretario regional del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha denunciado la constatación por parte de UGT sobre el terreno de “un abandono importante por parte de la Consejería de Bienestar Social que se ha materializado en una falta de coordinación grandísima con Sanidad y en carencias gravísimas en las residencias de mayores de la región”.
En concreto, Monforte ha criticado la ausencia total de protocolos de actuación en residencias de mayores durante toda la pandemia a diferencia de lo ocurrido en otras CCAA y a pesar de haberlos anunciado el Gobierno regional el 20 de marzo. “A fecha de 22 de julio seguimos sin protocolos específicos, se limitan a reenviar los nacionales sin adaptarlos a las necesidades de los centros de la región”, ha afirmado. A esta situación se ha sumado la falta generalizada de EPIS y la escasez de test realizados a las trabajadoras y trabajadores. “El día 1 de mayo se nos comunicó a los sindicatos que se harían test de seroprevalencia a todas las plantillas de residencias de mayores y a día de hoy solo se ha atendido a trabajadores con síntomas, por lo que no sabemos el índice de contagios ni de inmunidad”.
UGT pide a la Consejería de Bienestar Social convocar urgentemente el diálogo social con sindicatos y patronales para analizar lo ocurrido en todas las residencias y corregir los errores de esta crisis. “Nos llama la atención que el Gobierno prorrogue unilateralmente el acuerdo marco de residencias de Cospedal que criticó en su día en la oposición por mercantilizar las plazas de residencias; necesitamos más financiación para cubrir todas las nuevas necesidades derivadas de la pandemia y dar prioridad a un servicio de calidad”, ha señalado Monforte.
Monforte sostiene que es el momento para revisar el modelo de atención sociosanitaria en la región de manera concreta y eficaz. En este sentido, UGT valora positivamente la puesta en marcha por parte del Sescam de equipos de trabajo para inspeccionar las residencias y pide que sean permanentes, además de adaptar los centros a las necesidades reales de los usuarios. El sindicato demanda que los centros residenciales estén conectados al Sistema Nacional de Salud para atender las necesidades sanitarias de los usuarios. “Hay mayores que necesitan cuidados más sanitarios pero las residencias no están planteadas para asumirlos. Esta medicalización tiene que hacerse de manera pública a través directamente del Sistema Nacional de Salud y para ello es necesaria una dependencia y un acuerdo marco financiados suficientemente tanto a nivel regional como estatal”, ha explicado Monforte.
Un plan de choque nacional para las residencias y la ayuda a domicilio
Por su parte Adela Carrió, secretaria Confederal de UGT, ha valorado la apertura del diálogo social con el Secretario de Estado y ha detallado el plan de choque propuesto por UGT junto con CCOO y las patronales del sector para las residencias de mayores y la ayuda a domicilio.
Para UGT es fundamental realizar una auditoría de todas las residencias de mayores para poner de manifiesto la situación vivida como consecuencia de la pandemia e incrementar la financiación finalista en servicios de atención sociosanitaria. “Se ha de negociar qué parte del PIB podemos destinar a estos servicios que se han demostrado esenciales y que en 2012 se recortaron vía Real Decreto impidiendo que la puesta en marcha lo contemplado en la Ley de Dependencia de 2006”, ha afirmado Carrió.
Sin olvidar que la mejora en el servicio sociosanitario pasa también por establecer una verdadera coordinación y trabajo en equipo entre Sanidad y Servicios sociales, “dos estructuras muy jerarquizadas que han fallado en su coordinación en toda España durante la pandemia”, ha detallado.
Dignificar el trabajo feminizado de cuidados
El recorte en dependencia desde 2012 ha empeorado tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de un sector altamente feminizado, por lo que Gracia Álvarez, secretaria federal de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT, ha instado a que el Gobierno de España tome la iniciativa y evalúe el grado de desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia.
Los recortes no recuperados en este ámbito siguen provocando salarios insuficientes (menos de 1.000 euros en la mayoría de los casos) y sobrecargas de trabajo derivadas de las bajas ratios. “Necesitamos que las ratios se establezcan por categorías profesionales y en función de los grados de dependencia reales de los usuarios porque las patronales establecen las ratios bordeando la ley, algo que a pesar de haberlo denunciado ante el defensor del pueblo se sigue produciendo”.
Por último, Álvarz ha pedido reconocimiento por parte de toda la sociedad del trabajo de cuidados y su profesionalización, además de políticas públicas que incentiven que se extienda su prestación por parte de los hombres.
