Consejo General del Poder Judicial, estadística primer trimestre 2021: La actividad de los órganos judiciales españoles aumentó en el primer trimestre del año un 11,1 por ciento al recibir 1.573.909 nuevos asuntos
Todas las jurisdicciones vieron aumentar los asuntos registrados, a excepción de la Penal, que se mantuvo estable. Los juzgados y tribunales resolvieron un total de 1.630.872 asuntos, un 16,5 por ciento más que hace un año. Canarias y Andalucía fueron los territorios con una mayor tasa de litigiosidad al ingresar 45 y 36,7 asuntos por cada mil habitantes, respectivamente; la media nacional fue de 33,2
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- Comunicación Poder Judicial
La actividad de los órganos judiciales en toda España experimentó durante el primer trimestre del año un aumento generalizado. El número total de asuntos ingresados, 1.573.909, fue un 11,1 % superior al de los tres primeros meses de 2020 y el número de los resueltos, 1.630.872, un 16,5 % mayor. Finalmente, el número de asuntos que quedaron en trámite al final del periodo analizado fue de 3.116.736, lo que supone un aumento interanual del 8,9 por ciento.
Según el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2021, publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial, todas las jurisdicciones, a excepción de la Penal que se mantuvo estable, recibieron un mayor número de asuntos que en el primer trimestre de 2020. Los asuntos registrados en la jurisdicción Civil aumentaron un 24,6 por ciento; un 18,6 por ciento en la de lo Contencioso-Administrativo y un 14,6 por ciento en la Social. En todas las jurisdicciones se observó también un importante incremento interanual en la resolución de asuntos: en la Civil fue del 27,6 por ciento; del 6,1 por ciento en la Penal; del 22,5 por ciento en la de lo Contencioso-Administrativo y del 29 por ciento en la Social.
La jurisdicción Civil es la que ha mostrado el mayor incremento en el número de asuntos ingresados respecto al mismo trimestre de 2020. Así, los asuntos nuevos registrados ascendieron a 677.484 asuntos, cifra que supone una subida del 24,6 por ciento. Se resolvieron 692.344 asuntos, un 27,6 % por ciento más, y quedaron en trámite 1.730.243, un 10,1 % más que al final del mismo trimestre de 2020. El 13,6 % de los asuntos en trámite lo componen los relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas), que se encuentran en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción.
La jurisdicción Penal es la única en la que la cifra de nuevos asuntos se ha mantenido en niveles muy similares a los del mismo trimestre del año pasado. En esta jurisdicción tuvieron entrada 717.842 asuntos, con una disminución interanual del 0,1 por ciento; se resolvieron 756.787 asuntos, un 6,1 más que hace un año, y quedaron en trámite 797.285 asuntos, un 6 % más.
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 60.262 nuevos asuntos, con un incremento del 18,6 por ciento. Se resolvieron 60.531, un 22,5 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 216.933 asuntos, un 1,5 % más.
La jurisdicción Social ingresó 118.266 asuntos, un 14,6 más que en el mismo trimestre de 2020. Se resolvieron 121.140 asuntos, un 29 por ciento más, y quedaron en trámite 372.174 asuntos, un 14,2 % más que hace un año.
Canarias y Andalucía, a la cabeza en litigiosidad
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 33,2 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (45), Andalucía (36,7) y Comunidad Valenciana y Murcia (34). Las comunidades con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (24,4), Navarra (24,9) y Castilla la Mancha (26,1) (*).
Proyección al conjunto del año 2021
En base a las series históricas trimestrales disponibles, llegando en este caso al primer trimestre de 2021, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año. La previsión está sujeta a una gran incertidumbre debido a los efectos de la crisis sanitaria en la sociedad y el funcionamiento de los órganos judiciales.