Proceso de regularización de personas inmigrantes: el Consejo de Estado avala la posición de UGT

En la última reunión con la Secretaria de Estado de Migraciones, UGT expresó su desacuerdo con la contratación de TRAGSA para la tramitación de las solicitudes del proceso de regularización de personas inmigrantes. Es la misma posición que ha desarrollado el Consejo de Estado en su Informa y que en síntesis adjuntamos al final de la nota informativa para vuestra información.
La Secretaria de Estado en la reunión mantenida no paró de señalar que está decisión, la de contar con TRAGSA en el proceso, se llevaba a cabo bajo su responsabilidad.
Visto el resultado, desde UGT exigimos que se reconsidere la opción elegida, que se escuche a los representantes de los trabajadores y no se limite a un escueto y lamentable traslado de precaria información y que se cuente en exclusiva para esta tarea con empleados/as públicos tanto del ámbito del Ministerio de Inclusión como del ámbito de Política Territorial para que este proceso se lleve a cabo de la forma más beneficiosa para el conjunto del estado. Solo así, tal y como ha defendido UGT desde el principio, el proceso tendrá las garantías que la ciudadanía merece.
Síntesis del dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto
“Teniendo en cuenta la cantidad de tareas encomendadas, «llama la atención la escasa atención e información que el expediente remitido a dictamen dedica a esta cuestión», por lo que el Consejo de Estado no sabe «cuál ha sido y cómo se ha desenvuelto el proceso que ha llevado a la conclusión de que Tragsa es la entidad más idónea para colaborar en las muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes que van a presentarse para obtener las nuevas autorizaciones que el Proyecto plantea instaurar».
Recuerda el Consejo de Estado, además, que tanto Tragsa como su filial Tragsatec es un medio propio personificado de las Administraciones Públicas y que tiene que dejarse claro que las actividades encomendadas deben ceñirse a «a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental». Por lo mismo, los encargos a Tragsa y, en su caso, a su filial Tragsatec «no podrán atribuirles potestades públicas respecto de las solicitudes que se presenten para acceder a las nuevas autorizaciones de residencia de extranjeros, ya que el ejercicio de tales potestades para resolver o adoptar decisiones sustantivas respecto de tales solicitudes corresponde legalmente a los órganos administrativos competentes en la materia y al personal funcionario que en ellas se integra».
El órgano consultivo le tiene que recordar al Gobierno que el Tribunal Supremo se manifestó señalando que hay funciones que dependen de los órganos administrativos y a los funcionarios públicos y que no pueden delegarse.«Es de especial relevancia la atención que la jurisprudencia viene dedicando a la posibilidad de encomendar a medios propios o empresas privadas la gestión de los procedimientos administrativos». Así, el Consejo cita sentencias del Alto Tribunal en las que se «anuló los expedientes sancionadores tramitados por Tragsatec»”.