PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022
NUEVO HACHAZO
AL SERVICIO PÚBLICO POSTAL
COMO PARTE DEL PLAN DE DESGUACE
(OTROS 110 M ESTE AÑO, 460 M EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS)
QUE AVALAN PASIVAMENTE LOS FIRMANTES DEL DESGUACE (CSIF, SL Y CIG)
CCOO Y UGT PIDEN AL GOBIERNO
QUE DEJE DE MIRAR PARA OTRO LADO
EN LA RECIÉN APROBADA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022 EN EL CONGRESO, el Gobierno de coalición (PSOE-UP), apoyando, por activa -si es que el que lo nombró está detrás- o pasiva -se hace el loco-, la política de desmantelamiento del servicio público postal que abandera el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha vuelto a incumplir el compromiso adquirido con los trabajadores/as de Correos cuando estaba en la oposición y, criticando, con razón, al PP, entonces en el Gobierno, acudía a las manifestaciones de CCOO y UGT defendiendo la necesidad de financiar con suficiencia (220 millones) el SPU a través de los PGE. El olvido de lo prometido por la entonces oposición ES UN CLAMOR. Tres años después de su llegada al Gobierno del país, el recorte acumulado del SPU es de 460 millones de euros, a lo que se suman casi 500 millones de pérdidas en la cuenta de resultados de la compañía y un déficit estructural de más de 400 millones de €, con la consiguiente solicitud de sendos préstamos por un montante total de 1.038 millones de € para tapar el agujero, hecho del que no es ajeno el problema de gestión suscitado desde la llegada de un equipo de dirección presidido por Juan Manuel Serrano.
Incomprensiblemente la cantidad asignada al fondo de financiación del SPU de 110 millones de euros es exactamente la misma cantidad que el año pasado, a pesar de que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha crecido un 16% respecto del año anterior. Una cantidad totalmente insuficiente para cumplir con los objetivos de recuperación justa y “sin dejar a nadie atrás” planteados por el Gobierno. Y muy alejada (50% menos) de los 220 millones que por acuerdo entre el entonces Ministerio de Fomento y las organizaciones sindicales CCOO y UGT se enviaron a Bruselas como financiación necesaria para el SPU en 2018.
Para CCOO y UGT los 110 millones presupuestados para el año 2022, además de insuficientes, agravan la pésima situación económica de Correos, derivada del Plan Estratégico de desmantelamiento de la empresa abanderado por Serrano, el presidente de Correos nombrado por el PSOE al inicio de la legislatura, cuyo planteamiento de partida, incluía el recorte de la financiación del servicio postal público del país y está llevando a la mayor empresa pública a números imposibles, como se ha citado. Tal es la falta de credibilidad de Serrano, que la presidenta de SEPI en la comparecencia sobre los PGE-22 ya anunció un recorte de 170 millones de euros en Correos, entendemos que para que no dilapide más en sus fantasías megalómanas que tan caras salen al erario público.
El SPU es la esencia fundamental y razón de ser del Operador Público Correos, cuya prestación tiene asignada con carácter preferente hasta 2025 (y que CCOO y UGT llevan solicitando, sin éxito, que se amplie hasta 2050). A nadie se le escapa que, si continúan las políticas de la Dirección para que la prestación del SPU sea residual, esta Sociedad Estatal corre un riesgo cierto de privatización de los segmentos más rentables al estilo de otras empresas que antaño fueron públicas como IBERIA y TELEFONICA (Movistar) y que hoy son privadas, aunque tengan encomendada la prestación de obligaciones de servicio público residuales.
El SPU que tanta alergia le produce a Serrano no solo son las cartas y las tarjetas postales, que también, son los certificados, los paquetes hasta 20 kg (esos paquetes azules que Serrano ha ordenado esconder en las oficinas y que, en más de una ocasión en público, ha comentado que deberían sacarse del SPU para ponerlos a disposición del negocio y el mercado), todos ellos productos postales básicos y necesarios para la ciudadanía a precios asequibles en todo el país, en las áreas urbanas y en el mundo rural de la España vaciada para luchar contra la despoblación y las brechas sociales, y que el propio Gobierno ha incluido -el Plan de Prestación del SPU- dentro de los objetivos para el desarrollo sostenible ODS de lucha contra la pobreza de la Agenda 2030, pero incomprensiblemente recortando el presupuesto para su financiación. Aquello de “del dicho al hecho, hay un trecho”.
El deterioro intencionado de la calidad del SPU provocado por los continuos recortes y la caótica gestión es tan evidente que en la mayoría de las Diputaciones provinciales de este país, muchas de ellas lideradas por el PSOE, se han aprobado, a propuesta de CCOO y UGT, iniciativas (mociones y resoluciones) en apoyo del servicio postal público, igual que en muchos Ayuntamientos de poblaciones urbanas grandes/medianas y pequeñas del ámbito rural que ven día a día como sus ciudadanos/as sufren las consecuencias del cierre de oficinas y de servicios rurales. Y no lo decimos solo nosotros, CCOO y UGT y esos “postalones” a los que tanta manía les tiene Serrano, sino que la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Correos por falta muy grave por el incumplimiento de los requisitos de prestación del SPU de 2019. Dicho de otra forma: se recorta el SPU, no llega el dinero, Serrano manda instrucciones para bajar la calidad de la prestación (entrega, recogida) para ahorrar costes y el ciudadano/a ve recortado su derecho al SPU accesible y asequible. Pero lo que más sorprende es que los firmantes de la Declaración de apoyo al Plan de desguace, CSIF y SL (tan solo un 24% de la representación sindical de Correos), den por bueno esté planteamiento, como el de vaciamiento y desmantelamiento de las carterías, recorte de derechos y de condiciones laborales y empleo, y el agujero económico como consecuencia de ese Plan, bajo la premisa de que “esto es lo que hay”.
CCOO y UGT reclamamos al Gobierno que deje de mirar para otro lado ante el despropósito de gestión y el clamoroso desmantelamiento que Serrano está ejecutando despóticamente “manu milatari” y, de una vez por todas, apueste por un modelo postal público potenciando el SPU en todo el territorio nacional modernizando sus misiones de servicio público a la vez que se aumentan la eficiencia y competitividad. Correos y el servicio público postal, esencial y de carácter universal, que presta, cuya naturaleza fue refrendada recientemente por el Consejo de Estado en su Informe sobre el Plan de Prestación del SPU, debe mantener sus capacidades para cohesionar y vertebrar el territorio, garantizando que nadie se quede atrás de la recuperación económica y social y cumpliendo -el Gobierno– su compromiso de legislatura con las personas, con la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad y con la mejora de los servicios públicos esenciales como el postal, garantizando su acceso a toda la ciudadanía del país.
Mientras no se cambie el rumbo de la reconversión postal y su desguace que está poniendo en riesgo el futuro del Servicio Público y de la propia existencia de la empresa pública como Operador designado del SPU, CCOO y UGT seguirán en su proceso de movilización sostenida en el tiempo (llevamos dos años) en defensa de un Modelo Postal Público sostenible, moderno, eficaz en su misión de prestador de un servicio postal universal que sigue siendo garante de un derecho inalienable de la ciudadanía e imprescindible para reconstruir nuestro país. Y eso no pasa por gastarse millones en publicidad y montar aviones de mentira para seguir vaciando la actividad de nuestra empresa, como lo está haciendo el peor gestor, nombrado a dedo, de la historia de Correos.
