Plan de contingencia del Defensor del Pueblo: medidas de conciliación para el mayor número de funcionarias y funcionarios posible

 

El Defensor del Pueblo,  Francisco Fernández Marugán, ante la crisis generada por el virus COVID-19, llama a los ciudadanos y ciudadanas a mantener la calma y a seguir escrupulosamente las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“Sabemos que atravesamos momentos difíciles y excepcionales que generan grave inquietud en la sociedad, razón por la cual debemos mantener la cabeza fría, evitar hacernos eco de supuestas informaciones no contrastadas o de bulos que circulan por las redes y seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades sanitarias en materia de prevención e higiene”, ha destacado.

En este sentido, Fernández Marugán, ha apelado a la responsabilidad individual de todas las personas para que “entre todos” consigamos terminar con esta pandemia lo antes posible. Asimismo, ha mostrado su “confianza plena en la gestión y coordinación de todas las administraciones para superar esta crisis”.

El Defensor también ha querido reconocer la “encomiable labor” que están realizando todos los profesionales sanitarios y el personal de emergencias para intentar paliar esta crisis.

Plan de contingencia y conciliación

Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, la atención presencial en la sede de la Institución ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. No obstante, se seguirá atendiendo en el teléfono 900 101 025 y a través de la web.

La Institución ya ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar, en cualquier escenario, su funcionamiento y la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que necesiten hacer llegar sus quejas al Defensor del Pueblo.

El plan de contingencia del Defensor contempla medidas de conciliación como el teletrabajo para el mayor número de funcionarias y funcionarios posible. Además, este equipo de personas que podrán teletrabajar se irá ampliando en los próximos días. Por otra parte, se han tomado medidas excepcionales para ayudar a los trabajadores y trabajadoras que tienen hijos e hijas menores de doce años a su cargo.

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