El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes implanta un modelo de puesto de trabajo deslocalizado (PTNG), solamente en el ámbito de Justicia, que permite a los funcionarios trabajar en puestos de trabajo del Ministerio ubicadas en localidades cercanas a su domicilio. Este modelo busca mejorar la captación y retención del talento, adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales, favorecer la movilidad, y responder a problemas como el acceso a la vivienda en zonas tensionadas.
El programa, ya probado con éxito en un proyecto piloto, es voluntario y reversible, con una duración inicial de 12 meses renovables. Se dirige a puestos de nivel 26 o inferior cuyas funciones puedan desarrollarse a distancia, siempre que exista espacio en las sedes receptoras, como las Gerencias Territoriales, Abogacía del Estado e incluso se harán convenios con otros Ministerios. Los funcionarios mantendrán sus condiciones laborales, incluyendo productividad equiparable, aunque deberán acudir presencialmente cuando se les requiera. Se trata de puestos con RPT en una localidad pero que se ejecutan en otra distinta.
Las funciones de los puestos deslocalizados se ejercerán de forma autónoma, sin necesidad de supervisiones presenciales, con los medios requeridos para su desarrollo, accediendo al puesto por medios telemáticos y garantizando la comunicación permanente durante la jornada laboral con su Unidad de dependencia. Se respetará el calendario de festivos de la localidad y la comunidad autónoma en la que se encuentra deslocalizado el puesto de trabajo. El acceso al programa se realizará mediante convocatoria y solicitud formal, y cada caso será evaluado por la Subdirección General de Planificación y Coordinación. Habrá un seguimiento continuo y un informe anual para renovar la participación. El programa entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
UGT, manifiesta su conformidad con esta nueva modalidad de movilidad, pero exige introducir modificaciones esenciales al borrador presentado. En primer lugar, es imprescindible garantizar que no se produzcan discriminaciones en las condiciones laborales entre el puesto de origen y la unidad de destino, así como asegurar transparencia y objetividad en los criterios de selección del personal participante. Consideramos fundamental conocer de antemano dichos criterios, especialmente ante la previsible avalancha de solicitudes.
Del mismo modo, UGT considera necesaria la participación activa de la parte social en el seguimiento y desarrollo de esta forma de movilidad, que es aceptada por la Administración. No compartimos que se impulse este modelo de trabajo a distancia mientras, simultáneamente, se recortan días de teletrabajo en el propio Ministerio. Estaremos atentos a las incidencias y a la forma en que se gestionen, recordando que cualquier condición laboral favorable aplicada en una unidad debe extenderse al conjunto del personal. No vamos a permitir que se sigan creando más “reinos de taifas” ni nuevos microespacios de desigualdad que ya tenemos bastantes en la AdE…
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Negociación de puestos de trabajo de nueva generación
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