Tras la reunión que mantuvo la Conferencia General de Política Universitaria, el pasado 25 de enero, el Ministerio ha creado un grupo de trabajo, en el que estarán presentes las CC.AA, el Ministerio (MCIU), los Sindicatos representativos, entre ellos UGT, y los rectores, con el fin de desarrollar la aplicación de la LOSU.
En la primera reunión de este Grupo, las CC.AA y los rectores han solicitado una moratoria en la aplicación de la Ley y han exigido financiación estatal para su puesta marcha que, según la Conferencia de Rectores, requiere más de 840 millones de euros, para el conjunto de los campus públicos españoles.
Por su parte, el Ministerio ha pedido a las CCAA que también ellas hagan un esfuerzo financiero y asegura que en 2030 se alcanzará la financiación del sistema universitario del 1% sobre el PIB. Además, en la reunión se ha enfocado, la forma en la que se llevarán a cabo las reducciones horarias que afectan al profesorado asociado por la aplicación de la LOSU.
Se ha adelantado por parte del MCIU que para poder afrontar las reducciones docentes serán necesarias alrededor de 4.000 nuevas plazas de Ayudante Doctor. Y ello viene determinado por el paso de Profesores Asociados de 180 a 120 horas.
Para afrontar de forma corresponsable estos retos entre CCAA, Universidades y MCIU proponen lo siguiente:
1) Financiar 4.200 nuevas plazas con una proporción de dos tercios por parte del Ministerio.
2) Que su distribución se acuerde en esta Comisión.
3) Las Disposiciones Transitorias 7ª y 12ª de la LOSU cambiarán para flexibilizar el calendario de aplicación de la LOSU.
UGT ha hablado sobre los problemas de financiación en los que ya habíamos incidido durante su exposición pública y hemos comentado que los problemas que plantea la LOSU no se encuentran solo en el paso de 180 horas a 120 de los Profesores Asociados, sino que otros colectivos como los TEU o los Ayudantes Doctores reducen también su docencia, mientras puede aumentar la de TU y CU, que aplicaban reducciones docentes por la consecución de sexenios de investigación.
UGT ha planteado que ya empiezan a surgir problemas con la regulación de los Profesores Sustitutos, que algunas universidades, parece, quieren convertir en la nueva figura precaria, a pesar de la definición de este profesorado en la LOSU.
UGT además ha preguntado cuando se nos va a convocar para la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador ya que de nuevo se incumple el mandato de la LOSU como ya se incumplió en su día con la LOMLOU.
Desde UGT hemos insistido en la preocupación por los criterios para las acreditaciones por parte de ANECA, y en particular sobre cómo serán las acreditaciones para Profesor Permanente Laboral.
Tras nuestra intervención, el Ministerio ha informado que los criterios para las acreditaciones serán puestos a exposición pública en un plazo de dos semanas, por supuesto sin contar con los interlocutores sindicales, como ha ocurrido con los criterios para los sexenios de 2023.
También nos han confirmado que en breve empezaremos la negociación del Estatuto del PDI, aunque no sabemos a ciencia cierta si en una mesa o en un grupo de trabajo como el actual.
Han intervenido también las CCAA. Comunidad Valenciana ha pedido sin ningún rubor la suspensión de una Ley Orgánica, la LOSU a lo que el Secretario de Estado, Juan Cruz ha respondido con algo realmente evidente y es que las Leyes no se suspenden en su ejecución después de aprobadas en sede parlamentaria. En todo caso se van a flexibilizar los plazos referidos en las Disposiciones Transitorias 7ª y 12ª de la LOSU. El resto de CCAA han expresado su preocupación por los aspectos financieros que la LOSU conlleva.
Las universidades representadas también han hecho suya la reivindicación de una financiación acorde a lo que se exige a un sistema universitario, incidiendo en la disparidad en que han incurrido las universidades en la aplicación de la LOSU, haciendo que las más entusiastas en la aplicación de la LOSU puedan resultar perjudicadas.
Os mantendremos informados,
