Según acredita el documento adjunto, UGT reclama al Portal de Transparencia los contratos que la Administración ha firmado con la empresa TRAGSA para que colabore en el trámite del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Las controvertidas informaciones publicadas recientemente en relación a la actuación de TRAGSA, a la que se ha encomendado una parte de la tramitación del ingreso mínimo vital, así como las lamentables experiencias en anteriores encomiendas de gestión a esta misma empresa, censuradas por el Tribunal de cuentas que las calificó de “contrarias a los principios de legalidad y economía”, nos ha determinado a iniciar un minucioso estudio de esta contratación y sus posibles consecuencias para los trabajadores de la Seguridad Social y el servicio público que prestan.
La histórica falta de Recursos Humanos en el sistema de Seguridad Social ha sido sistemáticamente desatendida por sucesivos gobiernos, sumiendo la ordenación de los mismos en el más absoluto abandono durante las últimas décadas hasta llevar el Sistema al colapso de la gestión. Por el contrario, los millones de los que no se dispone para enmendar esta situación aparecen súbitamente cuando se trata de contratar, por siete millones y medio de euros, a una empresa que no estaba preparada para el trabajo que se le ha encomendado, y que podría perfectamente haberse afrontado con menor costo y eficacia por los trabajadores de la Seguridad Social si se hubieran dotado sus plantillas.
La idoneidad de TRAGSA para el efecto comprometido es difícil de acreditar, por cuanto que ha tenido que subcontratar quinientos trabajadores. Unos teleoperadores, según decía su propio anuncio, para la recepción de llamadas, y otros administrativos para la “tramitación de expedientes”.
Las funciones que debían de realizar estos trabajadores, según el anuncio para su contratación, eran las siguientes:
- · Teleoperadores/as: Atender cuestiones generales relacionadas con requisitos para la presentación de solicitudes al INSS. Centro de trabajo en Leganés.
- · Administrativos/as: Apoyo a la Administración para la captura, grabación y tramitación de solicitudes presentadas. Modalidad de trabajo: Teletrabajo.
- · Y los requisitos imprescindibles:
Disponibilidad incorporación inmediata.
Conocimientos nivel usuario Excel, Word, manejo de internet.
Formación reglada homologada mínima: Bachillerato, ciclo formativo grado medio o equivalente.
Residente comunidad de Madrid.
Para perfil administrativo: Disponer en el domicilio de espacio de trabajo suficiente para instalar ordenador de sobremesa y dos monitores de 23 pulgadas. Aportar teléfono móvil con datos para poder instalar software de autenticación para entrada en red. Aportar conexión a Internet.
Trabajadores que hubieron de ser formados en un proceso maratoniano, según la propia empresa, en sesiones de ocho horas diarias durante dos semanas, en unos conocimientos que aún a fecha actual siguen siendo controvertidos como todo lo concerniente a la participación de esta empresa, originalmente dedicada a las “Transformaciones Agrarias”, en la tramitación del IMV, que tan pocos resultados está dando.
Dado que la prestación para la que se ha contratado a TRAGSA tiene vocación de permanecer, y es una prestación viva, ignoramos si el Gobierno tiene intención y millones para pagarles periódicamente sus servicios a razón de 7,5 millones cada cuatro meses, suponiendo que finalmente la protección de datos y demás aspectos de la legalidad vigentes estén siendo respetados.
Desde UGT, que ya declaró el Colapso de la Gestión del Sistema de Seguridad Social en la pasada reunión del Consejo General del INSS del pasado mes de Julio, estamos reclamando al Gobierno un proyecto para la Seguridad Social que más allá del beneficio oportunista de estas empresas “Agrarias”, suponga la ordenación de los Recursos Humanos del Sistema, y la garantía del mantenimiento de la calidad del servicio público que presta, ya que de otro modo, y si siguen estos miserables apaños, no nos restará otra alternativa como organización sindical que la movilización de los trabajadores de la Seguridad Social en defensa del derecho de la ciudadanía a ser atendidos dignamente.
