UGT Servicios Públicos cierra hoy en Córdoba sus Jornadas “Retos de la Negociación Colectiva en el sector de la Acción e Intervención Social”. Responsables y técnicos del sindicato han puesto en común las diferentes experiencias territoriales y han llegado a una serie de conclusiones para la Negociación Colectiva y la Acción Sindical durante los años 2023 y 2024 en un sector relevante pero desestructurado que abarca alrededor de 577.000 trabajadores/as.
“Perfilar las líneas y orientaciones de la Negociación Colectiva en un sector poco sindicalizado es un objetivo prioritario, teniendo en cuenta que hasta hace poco la línea de las personas trabajadoras y la de las personas voluntarias era prácticamente invisible”, ha señalado Isabel Araque, secretaria federal de Política Sindical de UGT Servicios Públicos
Empresas como, Cáritas, Aldeas Infantiles, Diagrama, Cepaim, Gimso, Cruz Roja, o la propia Comisión Española de Ayuda para el Refugiado están al amparo de este Sector. Leyes de armonización son fundamentales para ordenar a todos los niveles un Sector cada vez más necesario, donde la experiencia y el compromiso empresarial, político y sindical es y va a ser pieza clave para optimizar y conjugar los recursos, los derechos, las necesidades y las realidades que demanda la Acción e Intervención Social.
El sindicato apuesta por seguir mejorando la estructura para proteger y extender ordenadamente la negociación colectiva, haciendo un seguimiento de los convenios en un mapa empresarial de más de 28.000 entidades.
Los cuatro grandes convenios estatales (Acción e intervención social, ocio educativo y animación, menores y discapacidad) están sirviendo de guía para los desarrollos inferiores, homogeneizando un sector muy dispar, y contribuyendo a una redistribución de la riqueza y de los costes laborales más equitativa.
“Es necesario encaminar nuestra negociación colectiva para avanzar en la estructuración laboral de las distintas entidades que engloban a las 577.000 personas del Sector. En cifras, el 38% de ellas no disponen de personas trabajadoras con remuneración, el 49% tiene menos de 6 personas contratadas y tan solo el 13% tienen más de 6 trabajadores/as” -ha subrayado Araque.
Poner en valor a las trabajadoras de un sector muy feminizado (un 77,8% son mujeres y el 52% son jóvenes cuyo nivel formativo, en un 68,7% tiene estudios universitarios o de FP superiores) es uno de los retos que se plantea UGT, además de reducir la temporalidad y fomentar nuevos perfiles profesionales mejorando las competencias de las personas trabajadoras.
Es necesario modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La financiación pública sigue siendo la mayoritaria (46,7%) frente a la privada (22,4%) y la propia (30,8%). Si tenemos en cuenta que más del 50% de las entidades del sector trabajan para Administraciones Públicas, debemos exigir que la contratación pública y sus pliegos, fijen sus precios reconociendo el valor real de la mano de obra y la calidad del servicio. “Queremos garantizar a través la negociación colectiva el establecimiento del precio real de las concesiones, así como su posible revisión si durante la contrata se produce una mejora de los costes laborales”.
Antonio Tirado, secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, ha clausurado estas jornadas y ha hecho hincapié en la necesidad de la negociación colectiva en el conjunto del sector y ha puntualizado que sería bueno desvertebrar la negociación colectiva a nivel de Comunidades Autónomas.
