La Administración General del Estado, la gran mayoría de Comunidades Autónomas y la Administración Local incluirán en la nómina de noviembre de sus trabajadores el incremento salarial comprometido en el Acuerdo Marco para las Administraciones. El resto lo hará efectivo en diciembre.
Los empleados públicos comienzan a percibir los efectos del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que UGT Servicios Públicos, CCOO y el Gobierno firmaron el pasado mes de octubre. El aumento de las retribuciones para el personal empleado público ha sido finalmente efectivo en la nómina de noviembre. Este mes ya se aplicará el aumento del 1,5% adicional, comprometido para 2022. Pero, además, se abonarán los atrasos correspondientes al incremento de la nómina desde enero hasta octubre. Estos atrasos se cobrarán en una paga adicional, de entre 231 y 651 euros aproximadamente, que ya está dispuesta en la Administración General del Estado, la gran mayoría de Comunidades y la Administración Local. El resto retrasará el cobro hasta diciembre.
El incremento salarial del 1,5% acordado entre Gobierno y sindicatos se suma al 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año. En total, el salario de los empleados públicos se habrá incrementado un 3,5% en 2022. El pacto, en el que el apoyo de UGT Servicios Públicos ha sido determinante, fija para 2023 un alza retributiva del 2,5%, una cifra que se podría
incrementar hasta en un punto adicional en función de cláusulas vinculadas al IPC y PIB nominal. En concreto, el personal recibirá un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%. La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.
Esta subida salarial amortigua, de forma realista, los efectos de la inflación sobre las economías domésticas de más de tres millones de empleados públicos. Cabe recordar que, además de la subida salarial que ayudará a paliar la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Públicas, el acuerdo con el Gobierno conlleva otros avances como la negociación de la jornada, la jubilación anticipada parcial, la mejora del empleo público y la carrera profesional.
