La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT, junto a la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Educación y Gestión (EYG), la Confederación Española de Centros y Enseñanzas (CECE) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), que gestionan los Centros y Servicios de atención a Personas con Discapacidad, así como la Federación de Enseñanza de CCOO, y ante la propagación del COVID-19 y el impacto que está generando sobre las diferentes actividades y servicios de las entidades que tienen como misión velar por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, exigen que se garantice en todo momento la salud y el bienestar de todas las personas trabajadoras y usuarias de los diferentes servicios de las entidades.
Tanto los centros como los profesionales están comprometidos en la adopción, con especial diligencia, de todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, a fin de evitar el contagio y contribuir a frenar la propagación del COVID-19. Es por eso necesario, reclamar a las Administraciones Públicas que adopten las medidas necesarias encaminadas a facilitar a las entidades y, por tanto, a las personas trabajadoras todos los medios materiales necesarios para garantizar este objetivo. Muchas deben desarrollar diariamente su actividad, en servicios considerados como esenciales, sin estar dotados de los equipos de protección individual que minimicen el riesgo de transmisión y exigimos urgentemente su dotación para el personal que trabaja en las entidades, así como la realización de tests a toda la plantilla de los centros en los que existan casos sospechosos.En una situación tan excepcional como esta, el establecimiento de protocolos de actuación en caso de tener conocimiento de la existencia de personas trabajadoras diagnosticadas con coronavirus es fundamental a fin de evitar su propagación en el centro de trabajo.
Asimismo, el este sector se encuentra con un déficit de personal acuciante que es necesario abordar, por lo que sería esencial garantizar el refuerzo necesario en las plantillas y el refuerzo de personal sanitario y mayor coordinación con el sistema público de salud.
Las entidades firmantes solicitan el compromiso de las Administraciones Públicas para garantizar la protección de los trabajadores y el mantenimiento de la calidad en la prestación de los servicios.
