El encuentro reúne a más de un centenar de delegados del sindicato

La consecución de unos centros de trabajo saludables y cómo prevenir y vigilar la salud mental y los riesgos psicosociales de las personas trabajadoras han sido los primeros asuntos analizados en las Jornadas de orientación para la negociación colectiva y el diálogo social que UGT Servicios Públicos celebra los días 15 y 16 de noviembre en Madrid y que reúne a varios centenares de delegados del sindicato.

El debate ha contado con la participación del director gerente de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Fernández Avilés, que calificó de buena pero vetusta  la Ley de Prevención de Riesgos laborales, antes de adentrarse en el análisis de la relación entre la salud mental y los riegos psicosociales y en los retos que en esta materia hay que enfrentar.

Tras su intervención, María José Díez Capdepón, técnica de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT SP, recordó que el educativo y el sociosanitario son los sectores de los servicios públicos que registran una mayor exposición a los riesgos psicosociales.

UGT, añadió María José Díez Capdepón, reivindicó la actualización del listado español de enfermedades profesionales para que sean incluidas patologías derivadas de los riesgos psicosociales, tal y como hace desde 2010 la Organización Internacional del Trabajo. Además, destacó que la negociación colectiva debe promover una serie de acciones preventivas como negociar políticas de empleo que garanticen la seguridad de las personas trabajadoras proporcionando estabilidad en el empleo, así como mecanismos de flexibilidad horaria a favor de las necesidades de la persona trabajadora para facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, o promover acuerdos de desconexión digital.

La reversión de las personas trabajadoras en la reinternalización pública de servicios ha sido el objeto de la ponencia del presidente en funciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Vicente Sempere Navarro, mientras que Jan Willen Goudriaan, Secretario General de la EPSU, y José Domingo Roselló, jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras de la Secretaría General de Asuntos Económicos G20 del Gabinete del Presidente del Gobierno, han hecho balance del semestre europeo y la influencia de la economía en el presente y futuro de los Servicios Públicos.

Jan Willen Goudriaan se solidarizó con las trabajadoras del sector de la Educación Infantil que han llevado a cabo una jornada de huelga y recordó que el objeto de la EPSU es influir en la toma de decisiones de los gobiernos e instituciones europeas y movilizarse para la acción y el cambio. Las políticas coordinadas de austeridad han fracasado, señaló, puesto que no produjeron un crecimiento económico sostenible y tuvieron consecuencias sociales negativas, que se mantienen todavía, en materia de salud, educación, administraciones públicas, etc., y todavía se están sufriendo esas consecuencias.

El secretario general de la EPSU recordó que el FMI en 2013 hizo un mea culpa y reconoció que el nivel de austeridad inhibe el crecimiento. Estas políticas, agregó, son parte de una ideología que sostiene que el sector público tiene que ser más pequeño, lo que ha llevado a un debilitamiento de la democracia. Además, estas políticas de austeridad y los ataques a los sindicatos han abierto una puerta para el aumento de la extrema derecha. Y son también políticas antifeministas, que atacan a los sectores más feminizados: de salud, servicios sociales, dependencia, cuidados, etc.

La pandemia, aseveró, ha llevado a una reevaluación de los servicios públicos, pero tenemos problemas de personal en sanidad y cuidados sociales. Todas las estrategias necesitan personal para ponerlas en marcha y eso no está llegando. También se refirió a la transición socioecológica que tiene que conducir a un crecimiento sostenible y a una economía del bienestar. Sin embargo, esta perspectiva no será posible sin los servicios públicos. La transición cuesta dinero y se necesitan fondos públicos, porque sin eso va a ser muy difícil.

José Domingo Roselló, jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras de la Secretaría General de Asuntos Económicos G20 del Gabinete del Presidente del Gobierno, sostuvo que la influencia de la economía a través del semestre es buena, “bastante mejor de la que tuvimos en los últimos diez años”. Mientras que entre la gran recesión y la aparición de la covid puede considerarse como mala, porque la consigna era liberalización, competitividad, liberar recursos públicos, ahora, sin embargo, el laborismo vuelve con fuerza en Europa y el mundo. “No estamos solo para atemperar los desmanes del liberalismo, sino que somos propositivos”, agregó antes de hacer referencia a algunos de los documentos que se intercambian los países durante el semestre europeo y que sirven a los Estados para perfilar las políticas públicas.

La primera de las dos jornadas concluyó con la presentación de la Guía Federal para la Negociación Colectiva y el análisis de posibles concreciones, tarea que corrió a cargo de los secretarios federales de Acción Sindical y del Sector de Servicios a la Comunidad de UGT SP, Isabel Araque y Moisés Torres, respectivamente. Ambos recordaron que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que tiene vigencia del 2023 al 2025, no es de aplicación directa, sino que se tiene que trasladarse a los convenios colectivos. La guía incluye entre otras, materias como la regulación del teletrabajo y de la digitalización; la igualdad y contrataciones.