La economista Elena Cachón ha abierto la segunda jornada de Negociación Colectiva con una ponencia que analiza los convenios estatales de UGT Servicios Públicos desde un punto de vista económico-laboral. «El objetivo de este informe es conocer qué categorías salariales de los convenios colectivos del sector privado de UGT SP están afectados por el aumento del SMI. Con este análisis pretendemos disponer de información precisa y actualizada de cara a nuestras futuras negociaciones».
Luz Martínez Ten, nuestra secretaria de Mujer y Políticas Sociales, ha expuesto en su ponencia la valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de la igualdad. José María Cobano, secretario de Salud laboral y Medio Ambiente nos ha ofrecido una panorámica sobre seguridad y salud en la Negociación Colectiva.
«La brecha salarial de género sigue siendo una constante que se reproduce en todos los trabajos relacionados con educación, sanidad y cuidados. Las empresas compran y venden los cuidados como si detrás de ellos no hubiera personas; hay que protegerlos desde los servicios públicos, En la valoración de puestos de trabajo hay siempre subjetividad; trabajos esenciales están precariamente retribuidos», ha subrayado Luz Martínez Ten.
Por su parte, Cobano ha indicado que las administraciones tienen la obligación de velar por la salud y seguridad de los trabajadores con una previsión adecuada de riesgos laborales. Los asuntos más relevantes, que deben estar presentes en la negociación colectiva, son de obligatorio cumplimiento en las empresas. Formación, prevención y vigilancia de la salud deben estar incluidos en los convenios colectivos. Los riesgos de origen psicosocial merecen especial atención y han de ser estudiados desde una perspectiva de género».
Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical, ha expuesto un detallado balance los los grandes acuerdos firmados en los últimos años por UGT Servicios Públicos. En cuanto a la estabilización, los datos confirman la eficacia del plan de choque. «Los procesos de estabilización, que finalizarán el próximo 31 de diciembre de 2024, arrojan unos datos referidos a plazas ofertadas, convocadas y estabilizadas con carácter definitivo que superan con creces las previsiones iniciales de las Administraciones Públicas».
El número total de plazas convocadas en todas las Administraciones (publicación de las bases de la convocatorias y desarrollo de los mecanismos de estabilización) es de 521.941 plazas. Las plazas ya estabilizadas (dato clave) son 225.082. Datos que hacen mostrarnos optimistas, máxime si tenemos en cuenta que aún restan 9 meses para la finalización definitiva de todos los procesos en marcha.
Analizando estas cifras se puede concluir que la temporalidad abusiva se ha reducido en 37 puntos, a los que habría que sumar los procesos que se están desarrollando en la actualidad: un 63%. Todo esto permite ser optimistas en el cumplimiento del objetivo de eliminar la temporalidad abusiva en las Administraciones y la importancia del acuerdo firmado.
En cuanto al Acuerdo Marco, Araque ha indicado que hace realidad la recuperación de derechos arrebatados en 2012. Se derogan los aspectos negativos y de ajuste que impuso el Real Decreto Ley 20/2012, se modifica la DA 144ª de la LPGE y la DA 7ª del TREBEP, modificaciones legislativas que han permitido entre otras cuestiones la correlación de fuerzas en las mesas de negociación para tratar materias cruciales para los y las empleadas públicas: jornada laboral, negociación de Planes de Igualdad, protocolos de acoso, percepción íntegra del salario en caso de incapacidad, jubilación parcial anticipada para las y los funcionarios o la supresión de las medidas de reducción de derechos sindicales entre otras materias.
Para más y mejor empleo y de forma concreta, es fundamental lograr la plena efectividad del modelo de clasificación del art. 76 del TREBEP, la digitalización en las Administraciones Públicas, la movilidad interadministrativa, y todos aquellos aspectos relacionados con la atracción y retención del talento, sin dejar de hacer mención a las medidas a aplicar en las Administración General del Estado y su Sector Público.
«En el mes de junio se convocará el grupo de Clasificación profesional. Ya se informó a la actual Secretaria de Estado que las negociaciones en este grupo ya estaban avanzadas con las siguientes propuestas de mesa: Reclasificación al nuevo Grupo B de las plazas ocupadas por personas a las que se exigió estar en posesión del título de Técnico Superior».
Algunas de las conclusiones de estas Jornadas son, por un lado, la necesidad de aumentar la inversión y el gasto públicos para un escudo social permanente y solidario. Mediante el desarrollo en el año 2024 de la prórroga de los PGE del año 2023, y su sustitución para el año 2025 de unos nuevos que generen estabilidad. Concretados en unos servicios y unas administraciones públicos fuertes, en la protección social, en la enseñanza, en la sanidad, y en la justicia, como elementos cruciales para una economía competitiva.
Además, es prioritario culminar correctamente la ejecución y desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para potenciar los Servicios públicos.
En relación con el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI: Una vigencia que obliga a acelerar las materias pendientes, poniendo en valor lo logrado. El balance es positivo a fecha de hoy, y alguna de las cuestiones pendientes, que bien se encuentran en tramitación parlamentaria (incremento retribuciones del año 2024, recuperación definitiva de derechos) o se está negociando su culminación antes de que finalice su vigencia en diciembre de 2024 (correcta clasificación profesional, jubilación parcial).
Ha clausurado las jornadas el secretario general de UGT Servicios Públicos de Andalucía Antonio Tirado. «Hemos podido ver la complejidad de desarrollar la acción sindical en las Administraciones Públicas y estas jornadas han servido para poner en común asuntos esenciales en la materia»
*Actividad formativa dentro del Plan de formación dirigido a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la Negociación Colectiva y el Dialogo Social en el ámbito de las Administraciones Públicas de UGT-Servicios Públicos (65 / 2023), conforme a la Resolución de 04 de abril de 2023 del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2023 para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas.
