La secretaria general de UGT Servicios Públicos ha participado en Casablanca (Marruecos) en un taller de la Internacional de Servicios Públicos (PSI) sobre diálogo social, reforma del sector público y transformación digital. En su intervención, que ha tenido como título ‘La digitalización de las Administraciones públicas en España y la participación sindical en su desarrollo: buena orientación, pero mucho trabajo por realizar’, Isabel Araque ha subrayado dos tendencias que afectan a los servicios públicos más esenciales y a las Administraciones públicas que los desarrollan. La primera es la apremiante necesidad de pasar de una Administración electrónica a una digital, y la segunda una generalizada percepción de que los servicios públicos no están siendo capaces de seguir el ritmo de esta digitalización masiva acelerada.

Para sustentar estas apreciaciones, Araque ha recurrido a una serie de datos elaborados por la propia Administración, como que en 2026 el volumen de tramitación electrónica superó el 89,5 % de la gestión llevada a cabo por las Administraciones públicas, tras un proceso de  infrafinanciación en esta materia. Hasta 2021 las tres Administraciones españolas (central, autonómica y local) no superaban los 1.000 millones de euros de inversión.

Este esfuerzo ha sido correspondido por un aprobado alto de la ciudadanía hacia el funcionamiento de la Administración (el 73 % así lo valora, según datos del CIS de 2023). Sin embargo, en zonas rurales y en sectores de población sin formación en digitalización la ciudadanía plantea problemas de acceso, en lo que se ha denominado ‘brecha digital’. Un 86,1 % de la ciudadanía considera que se excluse a las personas con menos conocimientos y habilidades informáticas.

Isabel Araque ha relatado la puesta en funcionamiento de diversos proyectos de digitalización de las Administraciones públicas, bajo el paraguas de la Agenda de Digitalización o los fondos europeos Next Generation, que tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención y acercarlas a la ciudadanía y las empresas.

La inversión ronda los 3.200 millones de euros, pero la secretaria general de UGT Servicios Públicos, se ha preguntado si este importe se ha traducido ya en logros importantes. Su impresión es que, salvo en cuestiones muy visibles como el caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esos frutos se antojan todavía poco concretos y tangibles, “de tal manera que los avances están muy ralentizados y dispersos, lo que está originando un desarrollo a distintas velocidades según la Administración pública que se analice”.

Sí recordó la creación en 2024 de un organismo específico, la Agencia Estatal de Administración Digital, encargada de llevar a cabo la digitalización del sector público, en cuyo Consejo Rector participa UGT Servicios Públicos, con un representante de los 15 que lo componen. Con todo, Araque lamentó el escaso papel reservado a las organizaciones sindicales, puesto que en los órganos de gobernanza y de decisión creados para gestionar el plan de digitalización no hay presencia sindical o es muy testimonial, lo que impide, precisó, trasladar nuestra visión en la materia.

Este déficit UGT Servicios Públicos lo ha tratado de paliar a través del Diálogo Social. Como prueba de ese esfuerzo, citó dos ejemplos. Uno es que en los dos últimos acuerdos alcanzados en las Administraciones públicas (para los periodos 2022-2024 y 2025-2028) se incluyó la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de la implantación de la Administración digital, y en particular lo referido al intercambio de información entre sindicatos y Administración a través de medios telemáticos y electrónicos.

El otro es el diseño de un plan de competencias digitales para las Administraciones públicas, así como una línea específica en inteligencia artificial que garantice conocimientos transversales, y la prevención de riesgos éticos y jurídicos orientados a una Administración digital y centrada en la ciudadanía.

Herramienta de modernización

El objetivo que orienta ambas medidas es que la digitalización sea a un tiempo una herramienta de modernización y una garantía de derechos. “Pues solo reforzando la cualificación del personal público se logrará una Administración más eficiente, accesible, transparente y orientada a resultados”, especificó.

UGT Servicios Públicos quiere humanizar la digitalización. Dado que va a tener una incidencia sobre la calidad de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados, el sindicato va a exigir en todos los foros de negociación que se incida en su concreción.  Además, aprovechará todos los foros de participación institucional para participar y aportar en la materia. Esto quiere decir, según Isabel Araque, aprovechar “todo el margen que nos ofrece el derecho a la negociación colectiva y la participación institucional para garantizar que los trabajadores tengan una participación justa en los beneficios de la digitalización y hacer frente a las desventajas potenciales que pueda provocar”.

Impedir un impacto negativo en el volumen de empleo y la adaptación progresiva de los empleados públicos de más edad son algunas de las principales propuestas de UGT Servicios Públicos en materia de digitalización. Junto a ellas, figuran también otras como el impedir la total desaparición de los sistemas presenciales para la ciudadanía, la actualización de los mecanismos de ordenación del personal, creando nuevos perfiles profesionales en las Administraciones en materia digital y nuevas tecnologías y enfocando la formación continua de los empleados públicos hacia dichas materias.

Isabel Araque ha hablado también de la necesidad de actualizar funciones y puestos de trabajo, lo que incidirá en los procesos de selección y requisitos a exigir y valorar; una formación y cualificación permanentes, con una mayor incidencia en la carrera y promoción profesional de los empleados públicos o, entre otros, una mayor vinculación de determinados conceptos salariales a la adquisición de conocimientos digitales y el desempeño de actividades con un alto componente en nuevas tecnologías.

Todo ello debe ir guiado por una idea clara, y es que la tecnología puede ser una herramienta de progreso, pero no se gobierno sola, como tampoco los intereses en juego apuntan en la misma dirección. “Sin reglas, la tecnología nos divide y nos hace más dependientes. No podemos, por tanto”, concluyó, “aceptar que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación, los mensajes violentos o que el poder tecnológico quede fuera del control de la negociación colectiva”.

Experiencias el diálogo social

Con anterioridad, Isabel Araque ha participado en otra sesión de este taller centrado en las experiencias europeas en el diálogo social durante las reformas del sector público. En ella ha declarado que el derecho a la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos ha contribuido de manera decisiva a la mejora de sus condiciones de trabajo, la calidad de los servicios públicos a prestar a la ciudadanía y la evolución de la economía. Sin embargo, no la olvidado las interrupciones que suelen padecerse durante los gobiernos conservadores –“que no creen en lo público”-.

Isabel Araque ha hecho un repaso al Acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito, como recordó, en un contexto de gran complejidad política y parlamentaria, la inexistencia de un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 y con la prórroga de los últimos que fueron aprobados, en 2023, y con una regla de gasto que no puede ser sobrepasada, conforme a las pautas marcadas por la UE.

Los contenidos de este acuerdo, ha precisado, refuerzan el valor del sector público y del diálogo social en las Administraciones públicas con compromisos nítidos para la mejora de las condiciones socioeconómicas y profesionales de las empleadas y los empleados públicos. Además, impulsa la calidad y la modernización de la Administración pública y los servicios que prestan, con el objetivo de que la sociedad aprecie más lo público y se sienta protegida.

Puso como ejemplo de los avances conseguidos la recuperación del poder adquisitivo, con un incremento del 11,5 %, el fomento de la promoción interna y una provisión permanente y abierta o la implantación de un plan de formación generalizado de formación en competencias digitales e inteligencia artificial. Además, se elimina la tasa de reposición de efectivos, se impulsa la obligatoriedad de planes de empleo y protocolos de acoso, el fomento de procesos selectivos con una duración máxima anual o la actualización, entre otras muchas medidas, del régimen de permisos y la acción social.

Se trata, según ha resumido Isabel Araque, de un gran acuerdo, “con un enorme potencial de desarrollo en todos los ámbitos territoriales y sectoriales del sector público, partiendo del respeto a la autonomía y especificidades existentes en cada uno de ellos”.