Así se resume la situación actual en la Administración de Justicia en relación con la Pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, falta una auténtica coordinación y dirección frente a la Crisis y el ejemplo lo tenemos en lo que ha ocurrido en los dos últimos días: se han dictado directrices por cada una de las instituciones que tienen participación en esta Administración:
El Consejo General del Poder Judicial, que ha demostrado un desconocimiento de la situación real que se da en los juzgados y oficinas judiciales y cuyas medidas están enfocadas exclusivamente a la protección de jueces y magistrados, marginando al resto del personal, y al mantenimiento del servicio por encima de la consideración a la salud de los funcionarios y público justiciable.
El Ministerio de Justicia, en el ámbito que le corresponde, ha sido el último en pronunciarse en esta crisis, y lo ha hecho con una adaptación de lo que se ha hecho en la Administración General del Estado unos días antes, sin tener en cuenta las especificidades que se dan en Justicia, como es la gran aglomeración de público y personal que se da en nuestras oficinas, y la imposibilidad de atender como norma general al público de forma telefónica y telemática, por las restricciones precisamente que impone el CGPJ y el Reglamento de Protección de Datos. De todo esto fue advertido el Ministerio por . Tampoco ha entrado en detalle a la hora de dar instrucciones concretas, todo son recomendaciones y vaguedades e inseguridad jurídica para el trabajador que no hacen sino aumentar la sensación de falta de control.
Desde exigimos que se aclaren sobre quién tiene que tomar la única decisión real que puede adoptarse para evitar la propagación de la enfermedad entre los funcionarios y el público de los Juzgados y Tribunales, sin dejar de atender un servicio público esencial como es la administración de justicia: La contención del acceso a las dependencias judiciales del público en general y la asistencia a las oficinas y juzgados de dotaciones reducidas de personal de forma rotatoria y provistos de las medidas de protección que recomienda sanidad: guantes, mascarillas y geles desinfectantes. Y la limpieza continua y la desinfección de las zonas comunes. Exigimos que se considere el riesgo que supone mantener aquellas diligencias que se desempeñan fuera de las sedes por los Servicios Comunes de Actos de Comunicación, sin la dotación de las medidas sanitarias adecuadas, y pedimos la suspensión de todos estos actos hasta que no se garantice la seguridad de los funcionarios que las llevan a cabo.
Ante esta grave situación y ante el riesgo de que la misma puede empeorar por lo insuficiente de las medidas adoptadas hasta ahora, UGT pide la adopción urgente, por parte de la administración competente en materia de personal, de la imposición medidas reales, concretas e inmediatas que protejan la salud de los funcionarios de la administración de justicia como primera garantía para el mantenimiento del servicio público.
