Tanto los afiliados y afiliadas como las direcciones de las empresas han identificado las siglas de la UGT Servicios Públicos con el diálogo, pero cuando este se agota o no existe, nuestra responsabilidad social nos obliga a que cuando una empresa vulnera los derechos de las personas trabajadoras nuestra acción sindical sea contundente.
Una buena muestra de falta de diálogo fue el registro de un ERTE de fuerza mayor y un segundo ERTOP que no apoyamos, por parte de ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., ERTEs presentados a pesar de tener beneficios millonarios en un sector esencial como es la distribución farmacéutica, más en una crisis sanitaria que provoco un Estado de Alarma, y a la vez que hacía una inversión de más de 35 millones de euros en unas nuevas instalaciones que lejos de paralizarse han sido inauguradas durante este mes de octubre.
Ninguna de las principales empresas o cooperativas del sector de la distribución mayorista farmacéutica tomó una decisión empresarial de este calado, algo no visto en toda la competencia similar del convenio sectorial.
Los ERTE de fuerza mayor otorgaron muchos beneficios económicos para las empresas que realmente no podían ejercer su actividad pero tentó a otras, perjudicando los salarios de las plantillas afectadas y minando los fondos del estado en detrimento de otras empresas que si cumplían los requisitos y que por tanto estuvieron en riesgo de no percibir esas ayudas, que se han demostrado que fue y es una fórmula eficaz de mantenimiento del empleo. El sindicato UGT Servicios Públicos interpuso Recurso de Alzada contra la anterior Resolución, que por silencio administrativo declaraba la fuerza mayor, y que fue estimado por Orden Ministerial de 26 de febrero de 2021, en la que se anuló y dejó sin efecto la Resolución de 8 de junio de 2020, exponiendo en la orden que no se aprecia la existencia de fuerza mayor.
El Estado iba a revisar todos los ERTEs, y en un sector esencial para el aprovisionamiento de medicamentos a farmacias y hospitales sólo cerraron 65 farmacias por contagios en el pico epidémico de las 22.102 existentes, según el Consejo General de Farmacéuticos, además de tener la posibilidad de realizar visitas telemáticas a las oficinas de farmacia.
A pesar de ello, ALLIANCE HEALTHCARE S.A, insistiendo en la validez de las causas del ERTE presentó una demanda en la AUDIENCIA NACIONAL contra la SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL Y LA FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT SERVICIOS PÚBLICOS), dicha demanda ha sido desestimada y perdida por la empresa, aunque cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.
UGT Servicios Públicos confrontará con toda nuestra organización a aquellas corporaciones y empresas que vulneren los derechos de nuestros afiliados y afiliadas y personas trabajadoras.
