Julio Lacuerda, Secretario General de UGT Servicios Públicos, ha participado en la Asamblea Confederal celebrada este miércoles 6 en Córdoba y ha hablado sobre las líneas de acción que el sindicato se ha marcado para fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Lacuerda ha articulado su discurso entorno a dos preguntas básicas que detallamos a continuación:
1. Los Servicios Públicos han vertebrado y soportado el país en momentos tan delicados como la pandemia que aún padecemos. Sin embargo, muchos de ellos presentan graves insuficiencias en su funcionamiento, financiación y planificación, lo que impide atender correctamente las expectativas y necesidades de la ciudadanía, generando, a su vez, precariedad en las condiciones laborales de muchos empleados públicos. Ante esta realidad:
- ¿Cuál va ser la acción sindical de UGT SERVICIOS PÚBLICOS para revertir la situación y consolidar la potenciación y extensión de los Servicios Públicos y la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos?
«Pues con carácter general, pero prioritario, exigir el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recuperando el discurso de lo público como esencia democrática. Para las Administraciones Públicas en general existe una dotación de 4.300 millones de euros, 1.100 millones para sanidad, con especial incidencia en la Atención Primaria; en enseñanza, casi 1.700 millones, 3.500 para servicios sociales, 4.000 millones para ciencia e innovación. Fondos que deben comenzar a amortizarse a la mayor brevedad posible. También de manera genérica, un blindaje constitucional y presupuestario de los Servicios Públicos esenciales que garanticen su mantenimiento y extensión al margen de la coyuntura económica. Buscando una interpretación flexible del artículo 135 de la Constitución y de la ley de estabilidad presupuestaria, con el establecimiento de un suelo de gasto acorde a las demandas de la ciudadanía»
- En los Servicios Públicos de Salud, convertir los aplausos en, mejores condiciones, con la modificación del Estatuto Marco, la implantación de la jubilación parcial y anticipada con coeficientes reductores, la reducción de jornada, y la correcta determinación de las funciones y clasificación profesional.
- En Enseñanza Pública, la negociación del estatuto docente, una adecuada clasificación profesional, reducción de la carga lectiva y ratios y, específicamente, en Universidades, la negociación del estatuto del PDI con carrera horizontal y vertical, y la mejora de las condiciones laborales del PAS (Personal de Administración y Servicios). En cuanto a la enseñanza privada, la mejora retributiva y demás condiciones laborales a través de la negociación colectiva.
- En la Administración Local, otorgarle mayores competencias en materia de personal reformando su Legislación Básica y desarrollando marcos normativos homogéneos y básicos para colectivos como los agentes forestales, bomberos forestales y de coordinación de bomberos.
- En la AGE, el desarrollo de su ley de función pública, resolviendo la problemática específica presente en Instituciones Penitenciarias (clasificación de centros), Seguridad Social (escasez de personal y medios) y Justicia (igualmente, escasez de personal y medios).
- En Correos, continuar pelando intensamente, desde la unidad de acción, para frenar su desguace como operador público postal y el desmantelamiento del servicio postal universal que presta, evitando los recortes de personal, la precarización y la desregulación del modelo laboral.
- Con respecto a Servicios a la Comunidad, blindar la negociación colectiva en relación a la contratación pública, garantizando que los precios de las concesiones respeten, en todo caso, los compromisos salariales derivados de la negociación colectiva, con su posible variación.
- En Dependencia, Ayuda a Domicilio, Servicios Sociales y Acción e Intervención Social, se tratan de sectores muy feminizados y poco sindicalizados en los que hay que trabajar para dignificar las condiciones laborales, la estabilidad y calidad en el empleo.
2. La temporalidad es un problema acuciante en todos los sectores, pero incide de manera especial en las Administraciones Públicas y los Servicios Públicos, con una tasa que se sitúa en torno al 30%, muy por encima de los ámbitos privados (en torno al 23%). UGT SERVICIOS PÚBLICOS tiene entre sus prioridades su reducción, tal y como evidencia el Plan de choque acordado en julio de 2021 para su reducción y eliminación de cara al futuro. Por tanto:
- Tras la aprobación de la reforma laboral y la Ley 20/2021 específica de las Administraciones Públicas ¿Qué papel va a jugar al respecto UGT SERVICIOS PÚBLICOS para lograr un empleo público estable, de calidad y con derechos?
Desde al menos la década de los 80, UGT SERVICIOS PÚBLICOS, ha incluido en todos los Acuerdos y Pactos que ha suscrito, compromisos explícitos para la consolidación y estabilización del empleo público. El más reciente, el pasado 5 de julio, que presenta una novedad clave con respecto a los anteriores:
- Ataca las causas fundamentales que las provocan, limitando por ley la duración máxima del personal temporal a 3 años, tipificando por primera vez el abuso en la temporalidad y estableciendo, también por primera vez, responsabilidades al respecto (compensación económica, consecuencias disciplinarias, etc.).
Cuestión que ya está en vigor y cuya correcta aplicación y ejecución deberemos controlar a través de la Juntas de Personal, Comités y Mesas de Negociación.
En cuanto a los procesos para la reducción de la temporalidad por debajo de los umbrales del 8%, aprovecharemos todos los mecanismos que nos ofrece la Ley 20/2021, incidiendo específicamente en cinco líneas de actuación básicas:
- Cumplir la fechas previstas por la Ley 20/2021 para el desarrollo de los procesos, agilizando su desarrollo y concreción.
- Aflorar el mayor número de plazas posibles a estabilizar.
- Fomentar en la negociación colectiva la aplicación de los mecanismos de la Ley 20/21 en todo lo relacionado con la promoción interna del personal fijo de las Administraciones Públicas.
- Buscar el equilibrio y proporcionalidad de los mecanismos, pruebas y baremos a emplear en los procesos, desde la seguridad jurídica.
- Un correcto desarrollo y adaptación
- de la modificación del EBEP para el personal docente y estatutario.
Complementariamente, continuaremos insistiendo en la modificación del marco normativo básico (por anacrónico y desfasado) de los procesos de selección, provisión, promoción y carrera y ¡por supuesto! en la supresión de la tasa de reposición de efectivos y las facilidades que ofrece la normativa para la externalización y privatización de servicios.
En los ámbitos privados de los servicios públicos, a la estela de la Reforma laboral, plantearemos en todos los ámbitos de negociación y órganos de participación, el riguroso cumplimiento de los nuevos artículos 14 a 17 del Estatuto de los Trabajadores que reduce drásticamente, la “contratación temporal a la carta” que posibilitaba la anterior normativa.
