Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha intervenido este miércoles en la jornada «La estrategia sindical ante los principales retos a nivel europeo« celebrada en Barcelona. Araque ha puesto el foco en el futuro de los servicios públicos y en la necesidad de una ofensiva sindical orientada a mejorar y reforzar lo público desde una doble propuesta: Futuro de los Servicios Públicos y el futuro de los empleados públicos. Consolidar y ampliar la actual red de servicios públicos es una de las mayores garantías para la ciudadanía y es más necesario que nunca ante la ola populista que pretende ponerlos en duda.
Esta última legislatura ha servido para recuperar el Diálogo Social, tras casi una década (2009-2017) de “travesía del desierto”. Así, se han encadenado varios Acuerdos desde 2017, destacado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, del 19 de octubre de 2022, con vigencia hasta diciembre de 2024.
Un Acuerdo que ya ha generado importantes mejoras en las condiciones socioeconómicas y profesionales de los empleados públicos (retribuciones, jornada, igualdad, carrera, promoción, etc.), pero que presenta materias pendientes de desarrollo que, como no puede ser de otra manera, exigiremos su cumplimiento al Gobierno que surja del 23-J, pues no podemos renunciar a los logros que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. En este sentido, desde UGT-SP, apuntamos la necesidad de seguir incidiendo en el tridente clásico de nuestra acción sindical: más y mejor Empleo, más Salarios, más derechos., con matices importantes:
- Buscar un reequilibrio en la negociación colectiva. Entendemos que las Administraciones Públicas velan por el interés general, pero no debe servir de excusa para que en caso de no existir acuerdo o pacto, puedan decidir unilateralmente en materia de condiciones de trabajo.
- Garantizar la estabilidad laboral de los empleados públicos. A este respecto, en virtud del acuerdo de estabilización suscrito por UGT-SP (concretado en la Ley 20/2021) estamos en disposición de consolidar cerca de 600.000 plazas temporales e impedir que en el futuro se vuelva a generar temporalidad irregular en las Administraciones Públicas.
- Continuar la senda de crear más empleo público neto. Las OPES de estos últimos años, han supuesto la creación de cerca de 200.000 nuevos empleo públicos (último dato del RCP, julio 2022).
- Mejora de las condiciones salariales y laborales. También en virtud de los Acuerdos, hemos amortiguado la incidencia de la inflación sobre el bolsillo de los empleados públicos y avanzado en las mejoras laborales derogando gran parte de la normativa de Gobiernos de derechas (fundamentalmente el RDL 20/2012).
- Digitalización en positivo. Analizado su impacto sobre el empleo (no destrucción), derechos, condiciones de trabajo, salario, formación, desconexión, etc.
- Profesionalización y formación. Aprovechando el talento ya existente y atrayendo al nuevo, mediante el fomento de la promoción interna, la carrera profesional, la movilidad voluntaria. Así como una formación que, como derecho-deber para el empleado público, mantenga actualizada su profesionalidad conforme a las realidades sociales, tecnológicas, normativas, etc., que no paran de mutar.
- Garantizar la igualdad en el trabajo. Utilizando la negociación colectiva para la elaboración de políticas que se concreten en Planes que reflejen y garanticen el respeto a la igualdad en el seno de los servicios públicos. Podrá llamar la atención, pero a fecha de hoy sólo 6 CC. AA tiene Planes de Igualdad para sus empleados públicos (además de la AGE). Aunque se hace preciso adaptar los RD 901/2020 y 902/2020 (brecha salarial, registros, etc.) a las Administraciones Públicas
- Aplicar y mejorar la protección de la salud en el trabajo. Promocionando la seguridad y la salud ocupacionales, incidiendo en las especificidades de determinados sectores y colectivos.
- Defender a los trabajadores contra la privatización y la subcontratación, aplicando la reforma laboral y potenciado la figura de subrogación con los máximos derechos.
- Y a nivel europeo. Si complejo es un tratamiento común de los Servicios Públicos, tanto mayor el de los empleados públicos, teniendo en cuenta las enormes diferencias, según país. Pero vuelvo a poner de manifiesto que, conforme a nuestra experiencia en la EPSU, muchos problemas son comunes (escasa retribución, recorte derechos, disminución de efectivos, etc.). Si partimos de un diagnóstico y problemática similar, la solución, con las especificidades precisas pueden alcanzar un común denominador.
«La defensa que hacemos de los servicios públicos, lejos de ser un dogma, es un método dirigido a mejorar el bienestar social del conjunto de la ciudadanía». Araque ha subrayado que casi nunca corren buenos tiempos para los Servicios Públicos en nuestro país o en la UE, y que por eso considera que ahora el viento es favorable, hay que aprovecharlo, pues entre otras cuestiones, «contamos con los Fondos Europeos (Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia) que deben continuar desarrollándose.
«Desde UGT Servicios Públicos vamos a continuar exigiendo la efectividad social de unos fondos que deben servir para paliar los continuos déficits en aspectos básicos del Estado Social (Modernización de las Administraciones Públicas; potenciación del Sistema nacional de Salud y la Dependencia; mayor proyección y financiación de la Enseñanza pública; mejora del funcionamiento de la Justicia, etc.). Son programas y proyectos avalados por la UE, que deben continuar su desarrollo, en tanto que, destinados al bien común, no deben verse afectados por la convocatoria de elecciones».
«Desde UGT-SP tenemos muy claro que nuestra postura pasa por combinar adecuadamente la calidad del Servicio Público junto con la defensa común de los distintos y diversos colectivos que componen los Servicios Públicos, partiendo de lo general y lo básico, para ir adaptándolo a las especificidades de cada ámbito desde el equilibrio, la equidad, y la proporcionalidad».
