Hoy se ha constituido la “Comisión de trabajo para establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1 por ciento del PIB destinado a la financiación pública de las universidades públicas” convocada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en la que participan el propio MICIU, comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), la Conferencia de Consejos Sociales y los sindicatos de mayor implantación entre los que se encuentra UGT. Una vez más, echamos en falta una representación del Ministerio de Hacienda y Función Pública que permita conocer de primera mano y en directo la viabilidad de los acuerdos adoptados.
Por su lado, de entre las CC.AA, que son las que tienen las competencias en educación universitaria, algunas ya han comenzado a implantar el modelo LOSU; otras agradecen la iniciativa al Gobierno y otras recuerdan que el anterior grupo de trabajo fue un desastre en el que los acuerdos adoptados no se han materializado como estaban previstos. Y entre ellas no hay consenso, ya que algunas piden que el modelo de financiación no se vincule directamente al PIB, y que se debería tener en cuenta el presupuesto de cada región.
El objetivo de esta comisión de trabajo es alcanzar un consenso que se materialice en un acuerdo que permita definir una financiación adecuada para el sistema universitario público español. Las reuniones se celebrarán, preferentemente, cada dos meses y tiene como objetivo resolutorio el mes de noviembre de 2025.
Desde UGT hemos recordado varios aspectos que consideramos importantes sobre los grupos de trabajos previos y la realidad del momento:
El grupo de trabajo LOSU ya tenía entre sus objetivos la financiación. Era necesario recordar que este grupo no se reúne desde el pasado 4 de marzo… Y desde entonces, se trabaja en la elaboración del Estatuto del PDI sin garantías de que se consoliden los avances realizados que, todavía no tienen en cuenta el desarrollo de la carrera profesional del profesorado universitario y, por lo tanto, su estabilidad.
Hemos establecido que el objetivo debe ser una financiación suficiente que garantice un servicio público universitario de calidad, que recupere su función de ascensor social, elimine las diferencias laborales que existen en la actualidad entre las distintas comunidades autónomas y permitan definir un modelo de universidad pública a la altura de las expectativas de la ciudadanía, aunque algunas comunidades autónomas, sentadas hoy en la mesa, se la hayan jugado apostando por un modelo de universidad privada a cualquier precio.
UGT considera que el horizonte de la financiación de la enseñanza no universitaria fijado en un 5% del PIB para 2025, debería aproximarse al 6% del PIB, porcentaje que se destina a este fin en los países de la UE. Y respecto a la financiación de las Universidades Públicas, el 1% previsto en la LOSU para 2030, también debería aproximarse a los porcentajes europeos y adelantarse en el tiempo.
Hemos advertido de la desinformación sobre cómo se ejecuta el programa María Goyri (anterior INTEGRA) en el que la información oficial viene dada por la prensa. En las dos reuniones anteriores, que tuvieron lugar a primeros del 2024, se acordó con las CC. AA la implantación de este Programa de ayudas para la contratación de PAD. A día de hoy, faltan ocho CC. AA por firmarlo, a saber, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Euskadi. Y hay que sumar el problema que venimos recalcando: si no se eliminan las tasas de reposición anunciadas por el Gobierno para el año 2025, estamos condenando a la incorporación del nuevo talento universitario al desempleo dentro de seis años.
En materia de personal, la deriva tomada por las universidades ha empeorado la carrera del personal docente y aumentado su precarización, con la aparición de la figura del profesorado sustituto totalmente desvirtuada. Solo un dato: en contra de lo expuesto por el MICIU en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados durante la presentación del Plan Estratégico 2024-2027, en el que el Gobierno centra sus esfuerzos en afianzar la investigación y aúpa la transferencia del conocimiento, nos encontramos con el uso cada vez más extendido y en fraude de ley del profesorado sustituto al que no se le reconoce la función investigadora.
UGT trabajará con lealtad en esta comisión y agradeceremos que se nos envíe la documentación con la suficiente antelación.
La próxima reunión está prevista para el 18 de diciembre. Os mantendremos informados.
