A juicio de UGT, las reuniones del grupo de trabajo Ministerio – CC.AA y Sindicatos han generado expectativas muy altas para obtener unos resultados muy insuficientes.
En primer lugar, marcar 2030 como horizonte temporal para alcanzar el 1% de PIB en inversión en nuestro sistema universitario, es poco ambicioso y excede la duración de una legislatura, práctica que no compartimos.
La moratoria en la aplicación de las disposiciones que contempla la LOSU (nueva calendarización) surge de las necesidades de las CCAA y Universidades y no favorece los intereses del profesorado de nuestras universidades públicas, sometidas en su mayoría a porcentajes de precariedad verdaderamente insoportables.
De especial gravedad consideramos que se habilite a las universidades para dejar en suspenso los acuerdos que se están alcanzando en materia laboral para cumplir los plazos en los procesos de estabilización contemplados en la Ley. Cuestión ésta que consideramos inadmisible.
Esperamos además que dada la heterogénea situación de las universidades públicas, el esfuerzo presupuestario, hecho por algunas CCAA y Universidades, no suponga discriminación en la implantación del programa INTEGRA.
Desafortunadamente, otras figuras con contratos en precario ni siquiera se mencionan en la propuesta del Ministerio, y a algunas cuestiones, también de carácter urgente (como la contratación de sustitutos/as), no se les da solución por el momento.
El Ministerio se ha comprometido a seguir trabajando en la financiación –que no solo afecta a materia de personal- para ir cumpliendo los objetivos de la LOSU, estabilizando a los trabajadores y trabajadoras y reduciendo el límite de temporalidad laboral al 8%.
El programa INTEGRA no es, a nuestro juicio, sino un primer paso claramente insuficiente. El Gobierno y las CC.AA deben incrementar la financiación de las Universidades Públicas y así lo hemos venido reiterando desde hace tiempo.
Os mantendremos informados
