Mª Carmen Barrera ha intervenido en las jornadas organizadas por UGT en el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) sobre “Política Energética y mercado de trabajo, consecuencias para el empleo en las regiones en transición energética”.
En estas jornadas participan representantes de las instituciones implicadas en la transición energética, de la Comisión Europea, la OIT, la Agencia Internacional para la energía renovable, el Instituto Español para la transición justa y el CES francés. E intervienen también, en un segundo panel, expertos e investigadores, el del director de Energía del Consejo Europeo de la Industria Química y representantes de los interlocutores sociales de la CES, (especialistas en transición energética) y Bussiness Europe. En el mismo se expondrán los casos positivos sobre el impacto de la transición energética sobre el empleo (como Eslovaquia) y los negativos (como Polonia y Alemania).
Durante la apertura, la Secretaria de Políticas Europea de UGT, Mª Carmen Barrera, ha señalado que “los planes territoriales de transición energética deben ir acompañados de convenios o acuerdos de concertación social justa en los que la protección del empleo sostenible y el acompañamiento de las personas sean condiciones necesarias en el diseño, aplicación y evaluación de las medidas previstas”.
Ha recordado que la OIT estima que la descarbonización de la economía implicará la pérdida de cerca de 6 millones de empleos, pero se multiplicará por cuatro los creados, pasando de 11 a 43 millones en 2030 para los países de la IRENA. Además, el 32% del empleo en energías renovables lo ejercen mujeres, aunque baja al 21%, en el sector eólico, por lo que ha demandado que “las legislaciones adopten objetivos de igualdad”.
Asimismo, ha dicho que, para garantizar una transición justa, hay que tener un “enfoque anticipatorio e integrador que garantice políticas laborales y de bienestar específicas”. Políticas que deben contar con la participación de la sociedad civil y laboral.
La Secretaria de Políticas Europeas de UGT ha manifestado que hasta ahora “la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas relacionadas con la doble transición, digital y verde, se considera insuficiente” entre otras razones por la falta de obligaciones legales, a nivel de la UE o nacional, para involucrar el diálogo social en la configuración de los derechos sociales y laborales ligados a la transición energética justa (ej. Italia, España). Ha reclamado políticas de inversión inclusivas (condicionadas por la promoción de empleos decentes sostenibles) que cuenten con las personas empleadas y sus representaciones a nivel de la UE y nacional, sectorial y de empresa, para garantizar una transición exitosa.
Ha declarado que las políticas de transformación energética deben ser más ambiciosas y que es muy importante “el establecimiento de un Fondo de Transición Justa y un Fondo Social para el Clima. Aunque una transición energética justa no consiste solo en financiar, sino que también incluye el objetivo de crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la participación democrática (también en el ámbito de las empresas) y mantener y seguir aumentando la competitividad de las empresas europeas”.
Por ello es necesario que, en la evaluación de los planes nacionales de energía y clima, así como en los planes territoriales de transición justa de los Estados miembros, se refuercen los objetivos sociales y de empleo, tales como:
- Incluir políticas activas de empleo que faciliten las transiciones laborales, a través de la recualificación profesional y las inversiones educativas en empleos verdes de alta calidad.
- Apoyar a las personas que pierdan su empleo en virtud de la descarbonización, a través de la exigencia de fondos, por parte de los Estados y las empresas que se beneficien de ellos, que asegure que la transición energética tenga un saldo positivo de empleo.
- Desarrollar el potencial económico regional derivado de las energías renovables, así como nuevas formas de participación en la producción de electricidad.
- Combatir eficazmente la pobreza energética.
Por último, Barrera ha pedido incorporar al Semestre Europeo nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los principios del pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la Comisión Europea debe introducir reformas en su legislación de clima incluyendo el concepto de “desafíos de la transición ecológica” en la normativa laboral, (precedente francés) y debe fomentar las acciones necesarias para que las experiencias y prácticas de regulación, así como de gestión empresarial y negociación colectiva se difundan en el conjunto de la UE.
Desde UGT Servicios Públicos apoyamos todas las acciones y medidas necesarias para conservar el medio ambiente y abordar la emergencia climática que estamos sufriendo.
