La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT muestra su preocupación por lo establecido en la disposición adicional cuarta de la nueva Ley de Educación, que sigue su tramitación, y que hace referencia a la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, sin debate y negociación, asume medidas que afectan a un alumnado especialmente vulnerable así como a los profesionales del sector.
FeSP-UGT ya reiteró a la propia ministra de Educación, en la reunión bilateral mantenida el pasado día 5 de febrero a petición del sindicato, la preocupación y necesidad de mantener la convivencia dentro del sistema educativo de los centros de Educación Especial con otras medidas de inclusión e integración educativas en los centros ordinarios.
La Educación Especial ha sido durante los últimos 35 años generadora de beneficios compensadores para miles de alumnos y alumnas con discapacidad. Igualmente, UGT tiene entre sus principios, y así lo ha venido demostrando, la escuela inclusiva y la integración educativa que también defendemos, pues ambos modelos educativos se han compenetrado aportando grandes beneficios para el alumnado y para la sociedad en su conjunto.
Por otra parte, los centros educativos deben estar debidamente dotados con recursos humanos y materiales para ofrecer el mejor servicio público a los alumnos y alumnas, garantizando la equidad, la inclusión y la integración.
Para garantizar estos principios, cualquier cambio en el modelo actual debe ser negociado con la comunidad educativa y en lo que respecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones sindicales representativas del ámbito.
