La pandemia que estamos viviendo está obligando a personas, instituciones y sociedad en general a vivir muy variadas circunstancias, nuevas en unos casos, repetidas en otros, trágicas a veces, otras cargadas de alegría; nos ha obligado a repensar muchos de nuestros actos, costumbres, tradiciones y a cambiarlos; ha obligado a los gobiernos a tomar decisiones, las cuales han modificado escenarios en aras de proteger a la ciudadanía.
Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS) no han resultado ajenas al impacto de la COVID 19. Han sufrido los mismos efectos que otro tipo de organizaciones. Problemas con suministros de EPIS, problemas con la asignación de trabajo a distancia a sus empleadas y empleados, problemas con la gestión de los casos de enfermedad confirmados o con las personas que sufren contactos estrechos con enfermos, problemas con los casos de empleadas y empleados definidos como personal especialmente sensible, problemas con la gestión de apertura de centros, etc. Todos estos problemas se han abordado en el seno de las diferentes mutuas, la mayoría de las veces con la participación de los sindicatos. En ocasiones se han dado soluciones adecuadas por parte de las organizaciones, en otras no. En todas las situaciones generadas ha habido un denominador común, la difusa presencia de la Administración en la gestión de estas entidades. En concreto de la DGOSS como órgano de dirección y tutela. Cada mutua fue tomando diferentes decisiones para abordar los diferentes problemas, amparándose, en ocasiones, en criterios que tenían más que ver con el posicionamiento de la mutua en el mercado, que con la protección de la salud pública y la de sus plantillas. Desde el sindicato de mutuas de FeSP-UGT nos pusimos en contacto en varias ocasiones con la DGOSS para solicitarles que dictaran normas comunes para todas las mutuas respecto de apertura de centros, uso de EPIS, teletrabajo, etc. La Administración hizo oídos sordos y el resultado fue una enorme diferencia entre las diferentes mutuas a la hora de afrontar un mismo problema, con un gran y negativo impacto sobre las plantillas y en alguna medida sobre el resto de la población.
La COVID ha tenido sobre las MCSS tres efectos peculiares:
- El impacto económico derivado de las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno.
- La puesta a disposición obligatoria del personal sanitario de las MCSS a los servicios públicos de salud.
- Las repercusiones sobre las cargas de trabajo en el personal administrativo como consecuencia de las resoluciones del Gobierno en materia de trabajadores autónomos.
Con respecto al primer punto, los efectos de las diferentes disposiciones del Gobierno relacionadas con trabajadores autónomos y con la consideración de la COVID 19 como contingencia profesional, se suman a los producidos por los déficits en la gestión de la contingencia común que se vienen produciendo en los últimos años. Todo ello sitúa a las MCSS en un escenario financiero francamente preocupante.
Con respecto al segundo punto, la mencionada puesta a disposición ha generado centenares de llamadas de empleadas y empleados a este sindicato en las que se planteaban todo tipo de dudas relacionadas con las condiciones laborales en las cuales se debía realizar su trabajo fuera de la mutua. Es de justicia reconocer el trabajo realizado desde todos los ámbitos para tratar de que el desempeño de los servicios que se solicitaban desde las diferentes Comunidades Autónomas se desarrollase con las debidas garantías respecto de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud. Lamentablemente, y a pesar de este trabajo, la ausencia de una definición clara y concreta de las MCSS y de un marco de relaciones laborales que aborde sus problemas específicos, ha supuesto que en la mayoría de los casos la prestación de estos servicios se desarrolle en un entorno de gran incertidumbre y de inseguridad.
Respecto del último punto, la nueva prestación para los trabajadores autónomos supuso un pico de trabajo administrativo de tales dimensiones que el personal de gestión de las mutuas se vio obligado a trabajar en festivos para poder sacar adelante la avalancha de solicitudes. En esta ocasión la Administración sí estuvo lista para exigir a las mutuas la ejecución de un trabajo en un plazo de tiempo que ni la propia Administración era capaz de cumplir. Y las empleadas y empleados de las mutuas cumplieron.
La pandemia que estamos viviendo ha traído a nuestra sociedad cambios y modificaciones, pero no a las MCSS. A pesar de lo vivido, a pesar de la incertidumbre creciente en el sector, y muy a nuestro pesar, nada cambia.
Desde el sindicato de mutuas de FeSP-UGT volvemos a hacer un llamamiento a todas las partes implicadas (patronal, sindicatos, Gobierno, grupos políticos, etc) para que no se siga posponiendo un debate profundo sobre el sector de las MCSS, en el que se analice su realidad, su aportación a la ciudadanía, sus fortalezas y sus debilidades, y que culmine con una reformulación del modelo de este sector. De esta forma se garantizará el mantenimiento de los importantes servicios que las MCSS, a través de sus empleados y empleados, aportan a nuestra sociedad.
