El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT manifiesta su malestar con la campaña promovida por la Plataforma de la Enseñanza Concertada por generar un enfrentamiento innecesario entre las redes educativas pública y concertada. Al mismo tiempo, el sindicato cree que se está generando un clima injustificado de desencuentros en la comunidad educativa en unos momentos en los que se debería apostar por los consensos.
Asimismo, FeSP-UGT denuncia las insinuaciones e incluso las críticas directas hacia el sindicato realizadas por algunas organizaciones que integran dicha plataforma, por el hecho de no formar parte de ella, y a la que, por otra parte, nunca se nos ha invitado a participar. Dichas críticas son injustas y carecen de todo rigor intelectual.
FeSP-UGT respeta la legitimidad de cuantas organizaciones deseen participar en la campaña contra la LOMLOE, así como la decisión de las personas que a título individual firmen o compartan los postulados de dicha campaña. Pero lo que, a juicio de FeSP-UGT, sí está fuera de lugar es que, desde la responsabilidad social que se le supone a cualquier organización, se utilice a la enseñanza concertada como escudo ideológico en un enfrentamiento de corporativismo social, si no de bloques ideológicos. En dicha plataforma no solo no está FeSP-UGT, sino que no están todas las organizaciones sindicales y patronales representativas de la enseñanza concertada. Parece obvio que la defensa de la concertada y de sus trabajadores no pasa por ninguna plataforma.
El Sindicato de Enseñanza Privada de FeSP-UGT no entiende cómo las mismas organizaciones patronales que en la negociación del VII Convenio colectivo de la enseñanza concertada están proponiendo un aumento y flexibilización de la jornada laboral de sus trabajadores, que plantean un trasvase de horas no lectivas a lectivas o que enmiendan en el Consejo Escolar del Estado las mejoras que FeSP-UGT ha conseguido incorporar al texto de la ponencia -tal y como sucedió en el Pleno de dicho órgano el pasado 29 de octubre-, sean las que reivindican en el último punto del manifiesto “mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros”. Obviamente, FeSP-UGT no puede participar de un documento de tan marcado carácter patronal y que tiene ese único punto final como elemento sindical nada concreto, aunque tiene difícil encaje con la estructura de su texto.
Por supuesto, UGT se reitera en la defensa de los trabajadores de la concertada y les recuerda que será garante de sus condiciones de trabajo y de sus salarios, tanto en la negociación colectiva como en cualquier otro ámbito, sin tener que entrar en la aceptación de otros conceptos que nada tienen que ver con las relaciones laborales. Tal vez sea un buen momento para recordar que fue UGT la que auspició y defendió en los años 80 el modelo de concierto educativo, en contra del modelo de subvenciones sin control a la antigua enseñanza privada, garantizando así el acceso universal a la Educación. Y, por supuesto, mejorando las condiciones laborales y los salarios de sus trabajadores. También parece adecuado recordar que se hizo en contra de las organizaciones corporativas que se oponían frontalmente, aunque ahora intenten ser sus más enérgicos defensores -también con la utilización del argumento recurrente de la ´libertad’-.
Entrando en el fondo de los argumentos de la ley, FeSP-UGT aprovecha la ocasión para manifestar que considera positiva la derogación de la LOMCE. La Ley Wert fue la que menos apoyo -tanto de los grupos parlamentarios como socialmente- ha tenido en toda la historia de la democracia y la que más despreció a la enseñanza concertada, a la educación especial y a sus trabajadores. Eso sí, en ningún momento se organizó por parte de la las organizaciones del sector una campaña de las dimensiones de la actual.
Durante siete largos años se despreció a las organizaciones sindicales y patronales no convocando ni una sola vez la Mesa Sectorial -compuesta por el Ministerio de Educación, sindicatos y patronales-, bloqueando la constante petición sindical de reuniones para trasladar el sentir de los trabajadores y de los centros educativos. Se reivindicó, sin ningún éxito, la creación de un concepto específico y una partida propia para la financiación de la paga extraordinaria de antigüedad que obligase a su abono a las CCAA, se alejó a los trabajadores de la concertada de la homologación real con los compañeros de la enseñanza pública en más de un 5% de media en algunas comunidades autónomas.
La LOMCE tampoco sirvió para convocar la mesa de estudio del coste de los módulos de conciertos que todas las organizaciones pretendíamos. Tampoco creó más partidas económicas que las generadas en los acuerdos de la función pública, ni siquiera hizo amago de negociar el pago delegado para los trabajadores del PAS y para el Personal Complementario. Y por supuesto, tampoco la LOMCE ha sido lo que hubiésemos deseado en cuanto al mantenimiento y aumento de las plantillas docentes en la concertada, aumento que habría servido para repartir la carga lectiva o para mejorar la calidad de la Enseñanza mediante medidas para la atención a la diversidad. Por todo ello, FeSP-UGT sí muestra su satisfacción por la derogación de la LOMCE: porque no aportó nada.
No obstante, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT no comparte todos los aspectos recogidos en el proyecto de la nueva ley educativa, porque no es la ley que UGT habría diseñado. FeSP-UGT considera que hay muy pocas referencias a los trabajadores de la enseñanza no universitaria y a sus condiciones laborales, y que además se ha perdido la ocasión de rebajar las ratios de alumnos o de incluir una memoria económica en el articulado que consolide un crecimiento orientado a alcanzar el 7% del PIB.
De otra parte, FeSP-UGT sigue valorando algunas modificaciones que aparecen en la LOMLOE, como las referencias a las cooperativas de enseñanza y a sus trabajadores, las modificaciones de la nueva estructura de FP, así como la apuesta por la coeducación.
Con respecto a la educación especial, no recoge la redacción que FeSP-UGT hubiese deseado. UGT ha sido, desde el origen de la educación especial, la organización sindical pionera en la defensa de los centros específicos y de la convivencia con los centros ordinarios. Así lo sigue haciendo constar el sindicato en todos los ámbitos de negociación. Pero lo que no es cierto es que de la lectura detallada de la redacción de la LOMLOE se pueda desprender que supondrá el cierre de los colegios de educación especial, ni que se les vaya a quitar la financiación, como dice el argumentario de la mencionada plataforma. De igual manera, es justo reconocer que rompe con el criterio de subsidiariedad de la especial con respecto a la ordinaria como dice la LOMCE del ministro Wert: “La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.” (Art. 74 LOMCE).
FeSP-UGT sí se movilizó contra la LOMCE, y este carácter subsidiario de la educación especial estaba entre los puntos que criticamos. Sin embargo, las organizaciones integrantes de esta plataforma acataron tal atropello y nunca lo manifestaron.
Por otra parte, la lectura detallada de la nueva ley educativa nos podría llevar a pensar que en 10 años todos los centros -ordinarios y especiales- tendrían la financiación y el conocimiento adecuado para atender a los alumnos de educación especial, independientemente de en qué tipo de centro estén escolarizados, lo cual respalda nuestra posición: no es una buena redacción, pero no hará desaparecer los centros de educación especial. FeSP-UGT no lo permitiría.
La campaña de la plataforma de la concertada tiene un componente de sobreactuación que incide en elementos de difícil digestión, tales como que con la nueva ley educativa “los colegios se van a cerrar” o que “el Estado dirá dónde se han de escolarizar los alumnos”. Igualmente hace hincapié en mensajes que no se corresponden con la realidad como que “no se podrá escolarizar a los alumnos en un centro concertado”, o se alude a que “rompe la pluralidad” o a que “existe una agresión a la libertad de conciencia”. Nada de esto aparece en el proyecto de ley de modificación de la LOE.
Lo que sí que es cierto es que en la lógica de la búsqueda de los consensos y los equilibrios entre redes educativas es necesaria una planificación y una racionalización de los recursos y no solo en función de la libertad de elección sino también de los equilibrios, entre otros los económicos. UGT siempre hace una lectura crítica de la legislación educativa determinando lo que, a su juicio, es positivo o negativo. Y siempre trabajando para que lo negativo se pueda revertir. Pero la propaganda, las campañas que crean unas expectativas desbordadas y las frases grandilocuentes no generan más que malestar en una parte de la comunidad educativa que únicamente sirve para generar alarma.
Es legítimo que las familias reivindiquen el concepto global del derecho a la libertad de elección. Pero la libertad que el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reivindica para los trabajadores es la libertad de cátedra, la de promoción profesional dentro del centro educativo, la libertad a la movilidad voluntaria entre centros del sistema público educativo concertado manteniendo la antigüedad de origen a efectos laborales, la libertad sindical dentro de los centros educativos, y sobre todo la libertad y el derecho a tener unas condiciones laborales dignas. Esa es la misión de un sindicato. Es decir, una apuesta por una concertada más social, más humana, y que apueste más por sus trabadores.
Finalmente, FeSP-UGT quiere insistir en el grave error que supone plantear la defensa de la concertada y de sus trabajadores como si de un referéndum se tratase, dejando aflorar la idea de que o asumes los contenidos de la plataforma o estás contra la concertada. Esa diatriba es falsa y oculta un interés por polarizar al sector que UGT no va a compartir.
