La Educación ha sufrido una gran cantidad de recortes en los últimos años, especialmente los derivados de la publicación del RD 14/2012 que, aunque derogado, supusieron un aumento de horas lectivas del profesorado, que generaron la pérdida de docentes en los centros y, como consecuencia, una mayor complejidad en el desarrollo de la labor docente, y que aún no han sido revertidos totalmente, a pesar de medidas como la publicación de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
Esta situación se vuelve más compleja cuando descendemos al ámbito autonómico. Todas las comunidades autónomas, en el ejercicio de su potestad legislativa, fueron adoptando medidas que incidieron negativamente en la calidad de la educación y agravaron tanto las condiciones del profesorado como del alumnado y sus familias, medidas que no se han revertido en todos los casos.
Las Administraciones educativas deben asegurar que todos los centros educativos reciban los recursos humanos en función de sus objetivos, características, contextos y necesidades del alumnado. El excesivo número de horas lectivas que el profesorado viene sufriendo en los últimos años, junto con el mantenimiento de ratios elevadas no solamente afecta a la calidad educativa, sobrecargando al profesorado, sino que supone, como ya hemos dicho, una reducción del número de profesores/as necesarios para garantizar la misma, como revela el informe ‘Condiciones laborales del profesorado. Horario lectivo por etapas. Ratios del alumnado’.
Por ello, venimos exigiendo año tras año una revisión de la distribución horaria semanal y del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor, así como la ampliación de las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las necesidades actuales.
Urge mantener una amplia oferta de empleo público docente que permita, por un lado, alcanzar las mismas cotas de horario lectivo que nuestros colegas europeos y, por otra parte, el rejuvenecimiento de las plantillas y la reducción del profesorado interino, una exigencia reforzada desde la UE ante el alto porcentaje de plantillas interinas en nuestra Administración. Todo esto garantizaría la estabilidad de las plantillas en los centros educativos, y así favorecer el desarrollo y continuidad de sus proyectos educativos.
Si consideramos que la carga de trabajo de un profesor no se compone únicamente de las horas dedicadas a impartir clase, es necesario tener en cuenta, para analizar correctamente la demanda de trabajo que se pide a los profesores, el tiempo dedicado a corregir o revisar el trabajo de los estudiantes, preparar las clases, la formación personal o las reuniones del claustro, entre otras actividades.
Urge, por tanto, la reducción de las horas lectivas del docente y el acercamiento y equilibrio del número de horas de atención directa al alumnado con el número de horas para preparación de otras actividades, de manera que se aproximen a las medias de la OCDE y UE22 y en consonancia con el resto de países de nuestro entorno.
Venimos reclamando la vuelta a la carga lectiva anterior a los recortes, de 20 horas para el profesorado de Infantil y Primaria y 18 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato, como paso previo para la reducción a 18 horas para el profesorado de Infantil y Primaria y 15 horas en Secundaria y Bachillerato, lo que supondría que nuestro profesorado podría contar con más horas de preparación, evaluación, coordinación, formación…., y ayudaría a evitar el desgaste que lleva implícito un excesivo número de horas de docencia directa y la cada vez mayor carga burocrática. Todo ello redundará en beneficio de la calidad de la enseñanza, de la atención que recibe el alumnado, así como de la salud laboral de nuestros docentes y de la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo. Todos estos aspectos han cobrado mayor relevancia por el impacto de la pandemia en nuestras aulas y han supuesto una redefinición de nuestro modelo educativo.
Las Administraciones educativas, en una gran mayoría, siguen haciendo caso omiso a la recomendación de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, donde se aconsejan 23 horas lectivas para el profesorado de Primaria y 18 para el de Secundaria.
Es necesario diseñar nuevas estrategias que permitan que los recursos humanos de que disponen los centros se adapten a las circunstancias del alumnado y a las nuevas exigencias que demanda la educación actual. Esto ha de pasar por la reducción de horas lectivas, de ratios, incorporación de otros profesionales, renovación curricular…, lo que permitirá nuevas didácticas, nuevas dinámicas y nuevas agrupaciones.
