UGT considera inadmisible y pide explicaciones al Ministerio de Justicia por la renuncia de los fondos para acciones formativas del personal de la administración de Justicia del ámbito Ministerio subvencionada por el INAP.
En San Bernardo 45 se vuelven a contradecir una vez más entre lo que afirma el Sr. Ministro en los foros públicos y lo que en realidad es capaz de gestionar en su Ministerio. Justicia es el único Ministerio que ha renunciado a los fondos de formación de 55 acciones para los 9228 funcionarios de la Administración de Justicia que ya no podrán recibir esta formación este año con seguridad, quedando en el aire las próximas convocatorias.
Unilateralmente y con ocultación a los sindicatos (porque al menos podían haber convocado a la Mesa de Formación y haberlo anunciado) desechan nada más y nada menos que 214.650 euros para el reciclaje y la formación del personal. No obstante el Ministerio tendrá que dar explicaciones sobre esta renuncia el próximo día 3 de diciembre en la Comisión Paritaria de Formación para la e Empleo de la AGE. Precisamente en la reunión de esta Comisión prevista para hoy a las dosce telemáticamente es donde sorpresivamente por el subdirector del INAP se auncia a UGT,CSIF y CO.OO, participantes en esta Comisión la torpe justifiación a esta renuncia.
Según ha informado INAP en la reunión, la Directora General del Servicio Público de Justicia (responsable en un última instancia) en octubre remitió un escrito renunciando a los fondos del plan de Formación Contínua, cuyo argumento se contradice, pues inicialmente achacaba la renuncia al retraso del INAP en la resolución de la concesión, para posteriormente argumentar que la imposibilidad se debe a la situación derivada por el Coronavirus y solicitando que no haya ningún tipo de penalización.
Al Ministerio le interesa olvidar que otros años, la resolución del INAP ha llegado en fechas similares, y este año, el de Justicia es el único Ministerio que ha preferido rechazar la formación de su personal antes que buscar alternativas, como están haciendo otras administraciones.
Nos preocupa que el incumplimiento de sus compromisos por parte de Justicia, termine recayendo en los derechos de los funcionarios a la formación. Porque una penalización por no saber asumir sus responsabilidades y ordenar la gestión del Ministerio en última instancia acaba perjudicando a los funcionarios y al Servicio Público.
