UGT denuncia que el cambio de criterio seguido por el Ministerio de Justicia respecto a las solicitudes de renuncia a los destinos adjudicados en el concurso de traslado de 2023 perjudica a numerosos funcionarios y funcionarias.
A UGT Justicia nos han llegado numerosas quejas y denuncias porque el Ministerio de Justicia no ha aceptado las renuncias al destino obtenido en el concurso de traslado de 2023, pese a que se habían tramitado en tiempo y forma. Una vez más el Ministerio de Justicia ha adoptado la vía de los hechos consumados y ha dejado a numeroso personal sin posibilidad de renunciar al destino adjudicado en el concurso, sin advertir previamente que este año se iba a endurecer el criterio, y lo que es peor, sin que el mismo se haya adoptado previa modificación de las bases del concurso de traslado.
En la Base Primera punto, 7 se recoge textualmente “Podrá admitirse la renuncia a la participación en el concurso, teniendo como plazo hasta el último día de presentación de alegaciones a la resolución provisional, en aquellos casos debidamente justificados”.
UGT remitió una consulta al Ministerio para conocer los criterios que se han adoptado en este concurso para rechazar las alegaciones tramitadas, recordando que, en ellas se recoge la posibilidad de renunciar al concurso, tanto en el plazo de presentación de instancias como una vez terminado el mismo, hasta el último día de presentación de alegaciones a la resolución provisional.
La contestación recibida es que han admitido aquellas que se han fundamentado en situaciones graves y el resto se ha rechazado.
UGT está en desacuerdo con esa motivación y la rechaza porque no coincide con lo recogido en las bases. En las mismas se hace referencia a que las renuncias deben estar debidamente justificadas, pero no que esa justificación tenga que ser por un motivo grave. Esa ambigüedad se había resuelto
generalmente con un criterio favorable a la admisión de las renuncias, hasta ahora.
Se han rechazado incluso casos concretos de personas que han justificado su solicitud con citas médicas y de conciliación y que deberían ser tenidas en cuenta por adecuarse a lo recogido en las bases (estar debidamente justificadas), y sin que el Ministerio pueda tener conocimiento del grado
de gravedad de las mismas. Tampoco se han indicado los criterios generales seguidos para entender qué casos se consideran graves y cuáles no, siendo esa indeterminación la que pueda provocar que vuelva a ocurrir lo mismo en los siguientes concursos.
Desde UGT siempre hemos abogado por suprimir en la regulación los conceptos indeterminados como ese “debidamente justificados” porque eso significa finalmente discreción a favor de la Administración a la hora de resolver asuntos que afectan directamente al personal de Justicia, atendiendo exclusivamente los intereses del Ministerio y sin que el funcionario o la funcionaria puedan saber a priori si lo que se solicita va a ser admitido o no.
El cambio de criterio del Ministerio no puede ser discrecional ni arbitrario, y el personal debe tener conocimiento previo de cómo se van a resolver sus solicitudes de renuncia antes de formularlas, y para eso hace falta claridad en la regulación y que los motivos que pueden justificar las renuncias estén recogidos en las Bases que regulan la Orden del concurso de traslados. Todo ello para evitar perjuicios al personal que en última instancia solo podrá acudir al oportuno recurso.
