UGT ha conseguido incluir en el Acuerdo con el Ministerio de Justicia que en el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia en el Municipio quede garantizado que no se producirá una disminución de efectivos, ni pérdida de retribuciones, y que primará la voluntariedad en el proceso de acoplamiento de plantillas a Rpts. También se ha recogido el compromiso de negociar el Complemento de la Carrera profesional; la reserva del 50% de plazas de la OEP para la promoción interna y la regulación básica del Teletrabajo.
El Acuerdo ha sido avalado mayoritariamente por cuatro sindicatos de la mesa sectorial de Justicia, UGT, Csif, Staj y Cig. con la firma de un Preacuerdo con la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Ela anunció que no avala el acuerdo en la mesa sectorial de Justicia y Cc.oo. eludió pronunciarse en el plazo acordado, por motivos de organización internos según manifestó en la reunión.
En el Acuerdo se contempla que previa a la instauración de las oficinas judiciales de los Tribunales de instancia se negociarán las rpts y solo se podrán poner en marcha esas nuevas oficinas una vez acoplado el personal a los nuevos puestos de trabajo.
Estas garantías se habían reclamado al Ministerio de Justicia desde que se tuvo conocimiento del proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia al servicio público de justicia y suponían una condición imprescindible para que UGT se planteara avalar las modificaciones propuestas.
Pero más allá de garantizar un proceso de acoplamiento que no implique pérdida de derechos al personal de la Administración de Justicia, UGT propuso al Ministerio de Justicia que se incluyera en el Acuerdo compromisos expresos de iniciar las negociación de otras materias que llevan años reivindicándose, como es el Complemento de la Carrera Profesional para Justicia. También El teletrabajo y la reserva del 50% de plazas para la Promoción Interna.
El complemento de la Carrera Profesional en los términos recogidos en la ley orgánica, cuya negociación tiene que iniciarse obligatoriamente en el primer semestre de 2025.
La regulación básica del teletrabajo para el personal de Justicia se incluirá en el proyecto de ley como una disposición adicional que permitirá su negociación en el ámbito del Ministerio y de las CCAA con competencias en cuanto se apruebe la ley.
Pese a las injustificadas resistencias y presiones de los sectores más corporativistas, también se ha conseguido que además de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para Justicia, se oferte un número de plazas equivalente al 50% para cubrir por el turno de promoción interna.
La Mesa Sectorial de Justicia celebrada ayer 16 de julio ha sido el colofón de un largo proceso de negociación de los artículos del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que actualmente está en trámite en el Congreso.
En la reunión de la semana pasada de 11 de julio se propuso por el Ministerio celebrar una última mesa aportando un documento definitivo de Acuerdo y las enmiendas al proyecto de ley que asume el Ministerio en base a las alegaciones aportadas por los sindicatos. El ministerio propuso a los sindicatos entonces que en esta última reunión de ayer se avalara o no el acuerdo para la remisión de las enmiendas en su caso.
El acuerdo suscrito mayoritariamente por la parte social y el Ministerio de Justicia garantiza que en el proceso de instauración de los tribunales de instancia el personal de justicia no se verá afectado arbitrariamente por el proceso de acoplamiento, gracias a las enmiendas introducidas en el articulado de la Ley orgánica, a propuesta de los sindicatos y que modifican la redacción original del proyecto, garantizando la negociación de las rpts y evitando el acoplamiento automático. También se elimina la posibilidad de que haya personal adscrito a puestos de trabajo en diferentes oficinas en diferentes localidades; se garantiza la movilidad voluntaria y se evita la movilización forzosa fuera de la localidad donde se presta servicio. Quedan garantizadas las retribuciones fijas y variables (guardias) en todo caso del personal que las viene percibiendo; no habrá amortización de puestos de trabajo (incluyendo los refuerzos) en el proceso de acoplamiento, primando en éste la voluntariedad. Estas posibilidades podían suceder pues no estaban garantizadas previamente a la negociación que hemos mantenido con el Ministerio.
El proyecto de ley de medidas supone una reforma de la organización de la Administración de Justicia con la instauración de los Tribunales de Instancia y de la estructura de la oficina judicial que no tiene precedentes. Y se intentó imponer este nuevo modelo evitando la negociación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia, posponiendo esta negociación hasta que estuviera publicada la ley. Esto originó un fuerte rechazo por la parte social, y a la postre un replanteamiento de la situación por parte del Ministerio de Justicia que se avino a revisar el modelo de oficina planteado, el proceso de acoplamiento y el resto de cuestiones que planteábamos desde los sindicatos. Después de cuatro meses de negociación se ha alcanzado un acuerdo que ha sido considerado suficiente tanto para el Ministerio de Justicia como para la parte mayoritaria de la representación del personal.
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