Las asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos tienen previsto solicitar amparo al Defensor del Pueblo ante el retraso de dos años por parte del Gobierno para cumplir con la obligación de aprobar el reglamento que desarrollaría la Ley 21/2022, que creó el fondo de compensación para las víctimas de este agente cancerígeno.
Hoy en día nos encontramos con que el Gobierno todavía no ha aprobado el Reglamento y, además, ha elaborado un proyecto de Reglamento, suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contradice el espíritu de la Ley porque, entre otras cosas, otorga unas indemnizaciones económicas muy bajas. Las cantidades propuestas en el proyecto de RD son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH o las víctimas de la Talidomida. A esto hay que añadir que las personas afectadas por el amianto tendrían que tributar en el IRPF por sus indemnizaciones, lo que supone profundizar en la discriminación económica respecto a otros colectivos.
También consideramos inaceptable en la redacción de este RD que los familiares de las victimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones. Hay que tener en cuenta que el amianto se prohibió el año 2001 y la Ley aprobada se empezó a tramitar el 2013 en el Parlamento Vasco y fue registrada por primera vez en el Congreso de los Diputados el año 2016.
¿Cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos de la Ley, cuando ha sido aprobada por unanimidad por parte del Parlamento Vasco (en tres ocasiones), el Congreso de los Diputados y el Senado?
¿Cómo es posible que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asigne a las víctimas del amianto y sus familiares unas indemnizaciones más de tres veces inferiores a las establecidas para otros colectivos en similares circunstancias?
¿Cómo es posible que no esté prevista una exención fiscal para las indemnizaciones de las víctimas del amianto como la que ya existe para otros colectivos?
¿Por qué el Gobierno no respeta el espíritu de la Ley que fue promovida en un principio por el Parlamento Vasco y posteriormente por el Congreso de los Diputados y el Senado?
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, UGT y CCOO queremos hacer pública nuestra indignación por la inacción del Gobierno para aprobar un reglamento imprescindible para que las víctimas del amianto y sus familiares pueden empezar a solicitar unas indemnizaciones previstas en una Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace más de dos años. Cada día que pasa, se suman más fallecimientos de personas afectadas que no van a poder hacer efectiva la reparación de un daño a su salud que nunca debió producirse.
FEDAVICA, CCOO y UGT consideramos que las vías de interlocución con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para solucionar este incumplimiento legal están actualmente bloqueadas, motivo por el cual vamos a solicitar una reunión al Defensor del Pueblo para pedir su amparo y rogarle que realice las gestiones oportunas para intentar que el Gobierno cambie de actitud.
Creemos que por justicia el Gobierno tiene el deber de aprobar el Reglamento del Fondo de Compensación sin más dilaciones, respetando el espíritu de la Ley y sin convertir a las personas afectadas por el amianto en víctimas de segunda categoría.
