Sectores

El anteproyecto de Ley de Ordenación e Integración de la FP aprobado hoy supone un primer paso imprescindible

El anteproyecto que hemos conocido hoy incorpora modificaciones que la UGT ha venido planteando en distintos foros en materia de gobernanza, formación dual, creación de la figura del tutor/a dual de centro por cada una de las familias profesionales que se impartan….

En un sistema tan complejo como la Formación Profesional, valoramos la importancia de la reforma que se aborda en la ley y que permitirá integrar en un único sistema la Formación Profesional del sistema educativo con ciclos formativos de grado medio y grado superior, a los que hay que sumar la formación profesional de grado básico y los cursos de especialización y la Formación Profesional para el empleo, a través de los certificados de profesionalidad.

El Sector de Enseñanza considera que el anteproyecto de ley de FP es un primer paso imprescindible por entender que estas enseñanzas son fundamentales para cambiar el modelo productivo del país y para la formación de los ciudadanos a lo largo de la vida.  El necesario y complejo desarrollo reglamentario que exigirá la ley debe ser negociado en los ámbitos correspondientes. 

Valoramos que el proyecto, tal como ha anunciado la ministra, venga acompañado de una memoria de 5.474 millones de euros, ya que cabe señalar que esta transformación  del  sistema  de  formación  profesional  exige  un  aumento en  la  financiación  destinada  a estas  enseñanzas. Un incremento en la inversión que debe facilitar el aumento en las plantillas docentes en la FP, mayor oferta formativa que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado sea cual sea su ubicación geográfica, la extensión de una red de centros en todo el territorio del Estado que asegure una oferta suficiente de plazas públicas y la oportunidad para permitir a cualquier ciudadano su formación a lo largo de la vida. 

La ley supone también un avance en materia de inclusividad de colectivos con necesidades educativas especiales y personas con especialidades dificultades formativas o de inserción laboral mediante ofertas ordinarias y oferta de formación específica, cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de inclusión y atención a la diversidad.

En relación a los aspectos que afectan a las condiciones laborales del profesorado de Formación Profesional, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos sigue exigiendo la negociación urgente de los aspectos que preocupan a las trabajadoras y trabajadores de la FP para garantizar la estabilidad de todo el profesorado tanto funcionarios de carrera como profesorado interino, para lo que propone:

  • Que se ponga en marcha inmediatamente la integración de todo el profesorado técnico de FP con titulación de grado o equivalente al subgrupo A1. No es de recibo que esta disposición, aprobada ya en la LOMLOE, no haya entrado aún en vigor.
  • Que se arbitren medidas para que el personal funcionario de carrera, que no posee la titulación de grado o equivalente, pueda acreditarla y se incorpore en ese momento al subgrupo A1. Al mismo tiempo que se avanza en la equiparación salarial del profesorado técnico de FP.
  • Que se garantice la atribución docente al profesorado técnico de FP y el derecho a la movilidad en los concursos de traslados.
  • Que se arbitre un sistema que permita mantener las condiciones actuales al profesorado interino del cuerpo de profesorado técnico de FP.

 

Todas estas cuestiones ya han sido planteadas de manera reiterada por la UGT, en distintas reuniones con el Ministerio de Educación y FP.  Aunque la ley viene a restaurar algunos de los derechos que el profesorado de FP reclamaba y refrenda el reconocimiento a las enseñanzas de Formación Profesional, aún deja cuestiones sin resolver que el Ministerio debe abordar con urgencia con los representantes del profesorado. 

Lo más leído

Picture of UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.