UGT Servicios Públicos hace un balance positivo del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, que ahora llega a su recta final. El sindicato subraya que el acuerdo ha servido para atenuar el impacto de la inflación en las retribuciones, restaurar derechos, innovar en condiciones, crear empleo público neto y tramitar el Proyecto de Ley de Función de la Administración del Estado. Para UGT, una vez sentadas estas bases, es el momento de acometer la negociación de un segundo acuerdo para las empleadas y empleados públicos.
UGT valora que las exigencias que se fijaron los firmantes del acuerdo entorno a los ejes de “más salario, más y mejor empleo y más derechos” han vuelto a cumplirse, a pesar de la compleja situación en la que se han tenido que implementar las medidas que contemplaba el pacto. Desde 2022 se han sucedido el nombramiento de cuatro ministros responsables de Función Pública y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023.
En materia salarial, se ha cumplido la horquilla máxima, con un incremento general de las retribuciones del 9,8%, que ha aliviado el impacto del IPC (cuando se firmó el Acuerdo era el 8,8% y se cerró en el 2,4%). Circunstancia que se ha concretado en más de 14.000 millones de euros y que han contribuido a generar riqueza e impulsar el crecimiento de la economía del país.
No obstante, desde UGT Servicios Públicos, instamos a que el aumento del 0,5% adicional y consolidable del año 2024 se haga efectivo de inmediato por parte del Consejo de Ministros, pues no hay excusa alguna para no efectuar el pago que está consignado desde el RDL 4/2024. Este incremento adicional tendría efectos desde 1 de enero de 2024 y no podrá ser ni absorbido ni compensado. El sindicato recuerda que el aumento salarial adicional del 0,5% para 2024 estaba condicionado al cumplimiento de un requisito macroeconómico: que la variación acumulada del IPC armonizado (14,6% entre 2022 y 2024) superase el incremento retributivo fijo de ese periodo (8%). El requisito se ha cumplido y una vez salvada la referida publicación en el BOE, el aumento retributivo se debería llevar a cabo de inmediato, pues se insiste desde el sindicato, que no hay excusa para su dilación.
Respecto al empleo, gracias a la flexibilización (plazas que no computaban a estos efectos) e incremento (más sectores prioritarios y mayor número de plazas) de la tasa de reposición de efectivos, durante la vigencia del Acuerdo se han creado más de 370.000 plazas en el conjunto de las Administraciones Públicas, con especial incidencia en actividades claves como Enseñanza, Sanidad, Justicia y Administración Local. Una realidad que se ha visto completada con la estabilización de más de 500.000 personas, en base a otro Acuerdo, el de estabilización de julio de 2022.
Con relación a los derechos, por un lado, se han recuperado todos los que fueron sustraídos por el RDL 20/2012 (jubilación anticipada parcial, posible reducción de jornada negociada, carácter de mínimos de permisos y vacaciones, indemnidad retributiva en situación de IT, etc.). Por otro, se ha innovado (mejora de la clasificación en Instituciones Penitenciarias, actualización de los importes de gastos de desplazamiento, fomento de políticas de igualdad y frente al acoso, desarrollo de la carrera horizontal, control de la digitalización, etc.).
Y, si bien es cierto que ha quedado pendiente el cumplimiento, de manera generalizada, de la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del EBEP, los firmantes del Acuerdo, seguimos negociando para hacer realidad la clasificación profesional, cuestión además que las distintas Administraciones Públicas pueden desarrollar de manera negociada, al tener competencias propias sobre la materia, como evidencia que algunas de ellas ya lo han efectuado.
En definitiva, desde UGT Servicios Públicos, manifiestan que, aun quedando materias por cerrar definitivamente, el balance del Acuerdo Marco es positivo, y en este sentido entienden que es fundamental iniciar entre Gobierno y sindicatos, la negociación de un nuevo marco que posibilite, desde una perspectiva netamente progresista, la continuidad de la senda de certidumbre, creación de empleo de calidad y la consecución de nuevos derechos para los empleados públicos de nuestro país que permita seguir mejorando la situación de las empleadas y empleados públicos.
