UGT ha participado en la presentación, en Madrid, de la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure”, para exigir que los tratamientos y las vacunas contra la Covid lleguen cuanto antes y sean accesibles para todos. PINCHA EL ENLACE Y FIRMA
El 7 de abril celebramos la Salud Global. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado lo vitales que son los servicios sanitarios y asistenciales para nuestras vidas y nuestras sociedades. La pandemia también ha demostrado que sólo los servicios sanitarios y sociales de titularidad pública y sin ánimo de lucro son capaces de hacer frente, de forma eficiente, a las grandes crisis sanitarias y, lo que es más importante, de garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Por último, COVID-19 ha demostrado que la sanidad y la asistencia social son bienes públicos.
Los servicios públicos pueden garantizar el derecho a la asistencia para todos. Pueden asegurar la preparación y la resistencia de los servicios sanitarios y asistenciales ante futuras emergencias sanitarias. Una de las principales lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 es que, más que nunca, necesitamos proteger la salud y la asistencia de la comercialización y la privatización. Nadie debería sacar provecho de la pandemia.
En este día, el Día Mundial de la Salud 2021, la Federación Sindical Europea de los Servicios Públicos (FSESP) pide a la UE y a los países europeos:
- Pedimos que se proteja la salud como bien público y que las empresas privadas se lucren con la pandemia
- Trabajar para garantizar una vacuna para todos. El primer paso crucial, se trata de introducir una «renuncia» a los derechos de propiedad intelectual sobre la vacuna para acelerar su producción y hacerla accesible a todos los ciudadanos del mundo.
- Aumentar la inversión en los sistemas de asistencia sanitaria y social, garantizar una dotación de personal adecuada y mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo, para que los trabajadores sanitarios y sociales puedan prestar servicios de asistencia sanitaria y social seguros a todos.
Vacuna para todos.
Se necesita urgentemente una «renuncia» a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19 para aumentar la producción y la accesibilidad para todas las personas del mundo.
No estaremos protegidos del virus hasta que la población mundial esté vacunada. El interés público debe estar por encima de la protección de las patentes y de los beneficios de las empresas farmacéuticas privadas. La UE y los gobiernos europeos deben tomar el control de la producción y la distribución para ofrecer seguridad a todos. «Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo»
Los aplausos no son suficientes.
En este día, aplaudimos el heroísmo de los cientos de miles de trabajadores sanitarios y sociales. Durante más de un año, han luchado contra el virus y han protegido a nuestras sociedades. Conmemoramos la muerte de muchos de estos trabajadores, que han perdido sus vidas mientras protegían las de otros. Un reciente informe de Amnistía Internacional (1), elaborado en colaboración con la FSESP y las afiliadas, muestra el espantoso número de muertes relacionadas con el COVID-19 entre los trabajadores de la salud y la asistencia social, y la falta de transparencia en muchos países a la hora de registrar y notificar estas muertes. Estamos muy preocupados por la falta de datos sobre el progreso de vacunación de los trabajadores sanitarios y sociales en muchos países, incluidos los de la UE.
Los gobiernos deben ser más transparentes a la hora de proporcionar información sobre las muertes relacionadas con el COVID-19 y el progreso de la vacunación entre los trabajadores sanitarios y sociales. Los aplausos y la conmemoración no son suficientes.
Durante años, la FSESP y sus afiliadas han planteado la cuestión de la falta de personal y los bajos salarios en los sectores de la salud y la asistencia social, especialmente para los trabajadores de la asistencia. La UE y los gobiernos europeos deberían aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo, incluso en lo que respecta a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Aunque se ha abordado la falta de equipos de protección personal (EPP), hay una necesidad urgente de abordar los crecientes niveles de estrés y agotamiento entre los trabajadores de la salud y la asistencia social. Muchos están agotados y se plantean cada vez más dejar la profesión.
Es urgente garantizar una dotación de personal adecuada.
Tras las crisis anteriores, como la financiera de 2008, el personal ha disminuido debido a los recortes en el sector público y a la persistente falta de inversión. La mejora de las condiciones de trabajo es fundamental para que los sectores de la sanidad pública y la asistencia social sobrevivan a la pandemia y se conviertan en un sector atractivo para las próximas generaciones de trabajadores de la sanidad y la asistencia.
El futuro de los cuidados de larga duración y la resolución de los fallos del sector en la gestión de la COVID-19.
A la luz del envejecimiento de la población, la FSESP pide a la UE y a los gobiernos europeos que presenten una visión clara para el sector de los cuidados de larga duración tras décadas de abandono. Es inaceptable e inhumano tratar a las personas mayores como mercancías de las que pueden beneficiarse las empresas privadas. La FSESP ha pedido que se investigue la espantosa tasa de mortalidad en las residencias de ancianos de toda Europa. La salud y los cuidados no deben ser una mercancía. Debemos reconstruir el carácter público de nuestros servicios de asistencia y reconocer el papel crucial que desempeñan los servicios sociales en nuestras sociedades. El trabajo de los cuidadores de larga duración y de todos los que trabajan en el sector de la salud, la mayoría de los cuales son mujeres, debe ser reconocido a través de una mayor remuneración, la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora de la salud y la seguridad y una dotación de personal suficiente.
Por otra parte, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha instado al gobierno de España a apoyar la propuesta de la India, Sudáfrica, Kenya, Eswatini, el Pakistán y Mozambique de una «Exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19».
Nuestros miembros han estado prestando servicios públicos vitales durante toda la pandemia. Nos preocupa que los poderes de monopolio otorgados a las empresas farmacéuticas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio permitan a las empresas obtener beneficios inmorales mientras los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general han trabajado incansablemente para garantizar que superemos la crisis.
Sin la exención, las empresas farmacéuticas podrán impedir que otros fabricantes produzcan las vacunas y medicamentos de COVID-19, impidiendo el aumento de la producción. Las normas de la OMC garantizan que las grandes farmacéuticas tengan el monopolio del mercado y puedan dictar los precios incluso a los gobiernos, que se verán obligados a gastar el dinero público necesario para la recuperación de la salud.
A través de la Declaración de Doha sobre Salud Pública, los gobiernos reconocieron que las flexibilidades pueden utilizarse en casos de crisis graves de salud pública. La pandemia del COVID-19 representa la crisis de salud pública y económica más grave de nuestra vida y el mundo no prosperará hasta que podamos erradicar el virus. Las flexibilidades contenidas en el acuerdo sobre los ADPIC serán insuficientes a menos que todos los gobiernos acepten la exención.
En la última reunión del Consejo de los ADPIC, celebrada el 20 de noviembre, los proponentes respondieron a las preocupaciones planteadas por los oponentes a la exención. La principal preocupación parece ser que las innovaciones farmacéuticas no pueden tener lugar sin el incentivo de obtener grandes beneficios mediante el monopolio de la propiedad intelectual. Existen diversas formas de cubrir los costes de desarrollo. Lo que es más importante, los incentivos a la obtención de beneficios crean resultados perversos en materia de salud pública, permiten la estafa de los precios y excluyen a los países de bajos ingresos.
La exención cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, UNITAID y el ONUSIDA. FeSP-UGT insta a que lean las preocupaciones que han planteado en torno al actual enfoque basado en el mercado para el acceso a la vacuna. Les pedimos que demuestren su compromiso con la solidaridad mundial apoyando abiertamente la propuesta de exención relacionada con COVID-19 y haciendo permanente la exención de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC para los países menos adelantados.
