Tras años de récord en Castilla y León en materia de Incendios Forestales estamos abocados a un periodo estival en 2023 que es toda una incógnita, aunque la mayoría de expertos en la materia vuelven a predecir que será duro para el personal dedicado a la Prevención, Detección y Extinción de Incendios Forestales, además de las correspondientes contingencias que ocurran en el Medio Natural y Rural.
Si observamos los datos que nos reporta el MITECO, comprobamos como el año 2022 finalizó con cifras desastrosas porque se quemaron 267.939 ha. (casi triplicando la media) en España como consecuencia de los 57 Grandes Incendios forestales (casi cuatro veces más las cifras de media del último decenio) que ocurrieron a lo largo del año. Como consecuencia de estos incendios, fallecieron 4 personas, hubo más de un centenar de accidentados y se produjeron miles de evacuaciones. En este “año de récord”, precisamente, Castilla y León ha aportado más de 85.000 hectáreas, que suponen un tercio del total ardido en España, protagonizando, sin duda, otro “récord” con 13 de los Grandes Incendios Forestales (GIF) en dicha comunidad, y con los dos más peligrosos y virulentos, y de mayor cuantía quemada como son los de Sierra Culebra en Zamora, que arrasaron cerca de las 60.000 hectáreas en junio y julio. Tampoco podemos olvidar las 12.000 de las que ardieron en Sierra de Francia en Salamanca, limítrofe con Cáceres.
Y seguimos con récord, puesto que Castilla y León es, de largo, la comunidad que más utilización de medios estatales hace para combatirlos, y, además, que es la que dispone de más bases con personal y medios ministeriales de toda la geografía. De igual manera, CyL es la comunidad a la que más se apoya desde otras CCAA, según los datos del ministerio y afirmaciones de la propia Vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con esto, se deja patente la falta de dimensión y configuración del PLAN INFOCYL.
Y si de recursos hablamos tampoco es muy diferente la situación de su personal, puesto que CYL también ostenta el récord de tener la plantilla peor dimensionada y más temporal de todo el estado en relación a la extensión y masa forestal del territorio, con 5 millones de hectáreas que suponen más del 50% de su superficie. Asentada su plantilla en meses de trabajo discontinuos, frente a la estabilidad del resto de CCAA, cuenta con un sistema mixto que combina una plantilla de un 30% público (datos aproximados) y un 70% en manos privadas, todos ellos trabajadores fijos discontinuos o temporales. La escasa formación y unificación de condiciones laborales son otro gran escollo al que nos enfrentamos las organizaciones sindicales. Esto se convierte en un hecho aún más agravante cuando, para atender las emergencias por Incendio Forestal, tienen que atender medios estatales o autonómicos de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja…Es en estas situaciones cuando corroboramos como los intervinientes de las demás comunidades, con categoría de Bomberos Forestales todos (a diferencias de CyL que convive con varias categorías) tienen unos salarios dignos, han recibido una formación diferente, disponen de reconocimiento de riesgos a la actividad por toxicidad, peligrosidad y penosidad y de unos tiempos de trabajo justos e incluso de una logística de avituallamiento que piensa en el desgaste de un profesional que se deja el alma en cada “fuego”.
Actualmente y tras la Aprobación del Real Decreto Ley de agosto, por parte del gobierno, muchas comunidades tendrán que rendir cuentas sobre el decreto de periodos de riesgo acordes con la climatología y no con fechas estancas, o con la presentación de la dimensión de sus dispositivos y personal que hará frente a las llamas, entre otras muchas cosas.
Además, y siguiendo el compromiso con la reivindicación que desde UGT y demás organizaciones sindicales y asociaciones llevamos tiempo exigiendo, el 28 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Básica para las bomberas y bomberos forestales. Una vez pasada al Congreso de los Diputados, y publicada el viernes 10 de marzo, la norma entra a ser tramitada y pretende ser la regulación que de homogeneidad al colectivo en todo el país, incluso en Castilla y León.
Esto no solo supondrá un gran avance en materia laboral, sino también en el ámbito medioambiental, puesto que las emergencias climáticas que estamos sufriendo, cada vez más asiduamente, hacen que nuestro medio rural, y sobre todo el natural, sean especialmente frágiles y vulnerables tras los enormes incendios forestales que hemos sufrido este verano pasado, así como tras las duras inundaciones o borrascas de duras nevadas que dañan enormemente zonas que no están diseñada para tales efectos climáticos.
Ángel Rubio Gómez, Responsable Federal del Sindicato Profesional de bomberas y bomberos forestales de UGT Servicios Públicos
