VII Convenio de Concertada. Tablas salariales pago delegado 2023
Las organizaciones FSIE, USO y UGT Servicios Públicos venimos defendiendo desde el inicio de la negociación un 2,5% de incremento salarial para los trabajadores en pago delegado para 2023.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobó unos módulos de los conciertos con un incremento global para salarios y cargas sociales del 2,5%, pero no incluyó en esta subida el nuevo Mecanismo de Equiparación Intergeneracional (MEI) que supone una nueva carga social del 0,5%.
El porcentaje de incrementos salariales para la partida de pago delegado debe ser igual que para el resto de los trabajadores afectados del sector público que sí que han visto incrementado su salario en un 2,5%. En la enseñanza concertada la mayoría de las Comunidades Autónomas ya han abonado, a cuenta de Convenio, el 2,5% de salario íntegro a los trabajadores en pago delegado.
Las organizaciones sindicales y patronales de la enseñanza concertada estamos intentado solucionar este problema desde finales de 2022, pidiendo al Ministerio de Educación que modifique los módulos de los conciertos para garantizar el incremento del salario del 2,5%. De esta manera, las administraciones asumirían el 0,5% del MEI, como ocurre con los trabajadores del sector público.
Por su parte, CCOO ha amenazado con presentar en la Audiencia Nacional un conflicto colectivo exigiendo una subida del 2,5% siendo conocedores de que el módulo aprobado no lo permite. El art. 117 de la LOE y el art. 13 de la Ley de PGE 2023 establecen claramente que las administraciones no asumirán incrementos salariales por encima del módulo y que dicho módulo comprende el salario y las cargas sociales de los trabajadores en pago delegado. Por lo tanto, los trabajadores en pago delegado de los centros concertados no verían incrementados sus salarios en el mismo porcentaje que los empleados del sector público.
FSIE, USO y UGT Servicios Públicos hemos optado, de forma responsable, por seguir intentando un acuerdo con el Ministerio de Educación si bien, en estos momentos, la convocatoria de elecciones generales no permite una solución inmediata a este problema.
En la mesa del convenio del 7 de junio de 2023 se propuso esperar al mes de octubre, fecha en la que se conocerá el nuevo incremento adicional previsto para septiembre (un 0,5% o un 1%). En este momento, el Ministerio tendrá una segunda ocasión para adaptar las cantidades del módulo de conciertos y rectificar el error de los PGE 2023. En ese caso, se podrían firmar las tablas en pago delegado con total seguridad jurídica y fijando el conjunto de las retribuciones para el presente año.
Sin aceptar esta posible solución intermedia basada en la negociación con el Ministerio de Educación, CCOO insistió en su pretensión de judicializar esta cuestión pudiendo provocar tales como que el Tribunal pudiera sentenciar:
– Que el incremento salarial para 2023 fuese inferior al 2,5%. En este supuesto, los trabajadores podrían tener que devolver la diferencia que se les ha abonado a cuenta en la mayoría de las Autonomías. Además, se abriría el camino a futuros incrementos salariales inferiores a los de los empleados públicos.
– Que el 0,5% del MEI lo tengan que pagar los centros. En este supuesto, se rompería el sistema del pago delegado que es el que garantiza la estabilidad salarial de los trabajadores, los puestos de trabajo y la viabilidad económica de las empresas.
El riesgo y perjuicio que esta iniciativa de CCOO provoca para los trabajadores y el pago delegado es inaceptable.
En definitiva, las organizaciones sindicales FSIE, USO y UGT Servicios Públicos, en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector, así como para preservar el pago delegado y evitar lo que pretende CCOO, hemos ampliado el tiempo de negociación previsto en el convenio, de manera excepcional y solo para 2023, hasta alcanzar una solución a este problema.
FSIE, USO y UGT Servicios Públicos, agotaremos todas las vías de negociación con el nuevo gobierno para que quede resuelto de forma satisfactoria e impediremos una judicialización precipitada que pueda dañar los intereses de los trabajadores de la enseñanza concertada.
