El Consejo de Ministros, en su reunión de esta mañana, ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. La norma, que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito. También trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia.
Desde UGT denunciamos que esta vuelta a los centros de trabajo es prematura e irresponsable.
UGT rechaza este real decreto ley porque sabemos que ponen en riesgo nuestra vida y salud.
Este Ministerio debería esperar a que este concluido el estudio q el gobierno esta realizando a 30.000 familias, así como el estudio de hospital Carlos III, en el cual se esclarecera como se produjeron estos contagios masivos en nuestro país.
Justicia decía al principio que el personal de la administración de justicia trabajaría a puerta cerrada. Sin embargo, de la nota publicada en su página vemos que se podrá ir a los edificios judiciales con cita previa e incluso hasta que el público acuda a las salas de vista en los juicios.
UGT nos oponemos y asi alegamos que el público no acceda a los palacios de justicia para evitar contagios.
Además tanto el CGPJ como Justicia saben que por la estructura de las oficinas judiciales es imposible mantener las distancias de seguridad que establece sanidad.
También se nos ha dicho que es imposible tomar la temperatura a la entrada de los edificios tal y como pidió UGT pero vemos que las empresas privadas lo están haciendo todos, ¿ porqué entonces en justicia se nos niega?
Tampoco han accedido a hacernos test masivos.
Por todo ello y la irresponsabilidad que supone esta incorporación pedimos dimisión del ministro de justicia.
