1º DE MAYO DE 2021
¡A LA OFENSIVA POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS, PONIENDO EN VALOR EL EMPLEO PÚBLICO!
La finalidad de los Servicios Públicos es lograr objetivos públicos que garanticen derechos fundamentales y el bienestar de la ciudadanía. Deben constituir el eje principal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en el Consejo de Ministros del 27 de abril, bajo el prisma de la reforma, potenciación y desarrollo.
Los Servicios Públicos han soportado la prueba del tiempo y las circunstancias. Así, cada vez que hemos despertado del sueño de las épocas de bonanza y crecimiento (la menos) o de la pesadilla de los recortes y catástrofes humanas, climáticas, medioambientales, etc. (las más y muy recientes), los Servicios Públicos y sus empleados y trabajadores seguían ahí.
En este sentido, desde UGT-Servicios Públicos, planteamos una serie de exigencias al respecto, articulados en los siguientes ejes de actuación:
1ª.- En SANIDAD. Una financiación del 8%. Situando la Atención Primaria como eje del sistema y fomentar la reversión a los Servicios Públicos de Salud de todas las modalidades de privatización existentes. Reorientando la investigación a las necesidades de salud, garantizando su carácter público.
2ª.- En ENSEÑANZA. Una financiación del 7% del PIB. Desarrollo integral de la LOMLOE, incidiendo en la reducción de ratios y de la jornada lectiva del profesorado. Aprobando el estatuto del personal docente e investigador.
3ª.- En JUSTICIA. Un pacto de estado que la despolitice y configure como un servicio público clave, para que sea percibida como tal por la ciudadanía. Que los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, cuenten con más medios para agilizar los intereses de los empleados públicos.
4ª.- En la ADMINISTRACIÓN LOCAL. Valorar su proximidad, aumentando sus competencias y autonomía, con una mayor financiación (al menos del 25%) junto con la reversión de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como una mayor autonomía local en la negociación de las materias de personal.
5ª.- En la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Aprobar la Ley de Función Pública, implantando la carrera profesional y configurando el nuevo Grupo B surgido del EBEP.
6ª.- En el SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. Garantizar un proyecto de modelo postal público, sostenible, eficaz y moderno, asegurando una financiación adecuada a coste real, potenciando la red de oficinas y el servicio postal rural.
7ª.- En los SERVICIOS SOCIALES y A LA COMUNIDAD. Un control riguroso (estándares de calidad, extensión, suficiencia, financiación, etc.) que garantice el acceso a los mismos en condiciones de igualdad. Desarrollar una red de residencias de mayores de titularidad y gestión pública, con el objetivo de lograr en el medio plazo al menos un 40% de plazas en la red pública.
8-ª. En materia de EMPLEO y TEMPORALIDAD. Generar empleo público estable neto, evitando el fraude y el abuso de la contratación temporal. En las Administraciones Públicas suprimiendo la tasa de reposición, modificando el actual marco normativo (fundamentalmente EBEP y EM) y poniendo en marcha un proceso extraordinario de consolidación que prime capacidad y experiencia, partiendo del pleno respeto a los principios constitucionales de acceso. En el resto de servicios públicos, incluyendo cláusulas de estabilidad en los Convenios Colectivos, que fomenten la conversión (temporal-fijo) y la causalicen.
9ª.- En materia de RETRIBUCIONES, DERECHOS, e IGUALDAD. Garantizar poder adquisitivo, así como la restitución e innovación de derechos vinculados a las nuevas realidades sociales, aprovechando la actual normativa en materia de igualdad para vincularla a la negociación colectiva. En las Administraciones públicas actualizar la clasificación profesional conforme al EBEP, superando la actual transitoriedad.
10ª.- En materia de DIGITALIZACIÓN. Mediante la negociación colectiva, canalizar sus aspectos positivos (cualificación, conciliación, seguridad, ahorro, etc.) e impedir su reverso negativo (volumen de empleo, derecho intimidad, desconexión)
